“Las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda. Muchas han fallecido y otras han visto gravemente vulnerados sus derechos humanos. Los recortes presupuestarios y la escasez de personal en la sanidad pública no han hecho sino agravar el olvido sufrido por este colectivo”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
La entidad presenta siete recomendaciones que, según ellos, las administraciones deberían cumplir en cuanto a políticas públicas para residencias. Sus peticiones vienen a raíz de las carencias que Amnistía Internacional habría observado, entre ellas, la negación de derivaciones hospitalarias, los ratios insuficientes y la ausencia de recogida de datos.
Debido a ello, ahora solicitan que se las decisiones médicas se harán siempre en relación a evaluaciones clínicas individualizadas, incluyendo en ningún caso criterios discriminatorios. Además de ello, que no se interrumpa el contacto entre residentes y familiares, cumpliéndose el régimen de visitas. E involucrar a las personas mayores y sus familiares en las decisiones que les afectan. En cuanto a los ratios, piden mecanismos que adecuen las plantillas a las necesidades reales de atención de los residentes, sumando un incremento de recursos.
Para evaluar el cumplimiento de la ley, quieren disponer de un sistema de inspecciones de residencias que incluye transparencia, visitas periódicas y un sistema de denuncias que garantice el anonimato.
El panorama residencial
Amnistía Internacional presentaba en diciembre de 2020 el informe Abandonados a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, en el que daban constancia de que durante la primera ola de la pandemia no se tuvieron en cuenta los derechos de los usuarios de las residencias de mayores.
Ahora, meses más tarde, explican que la situación ha cambiado. En cuanto a las derivaciones a los hospitales, las autoridades de los Gobiernos autonómicos de Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid han informado a la organización que las realizan cuando es necesario.
Además, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas se han ampliado el régimen de visitas después de la vacunación. Aunque varias plataformas de familias y afectados han transmitido a Amnistía que algunas residencias todavía no han permitido el acceso.
En relación a las inspecciones, no existen datos públicos salvo en algunas comunidades como Castilla-León y La Rioja. En su último informe anual, el Defensor del Pueblo, pedía a las CCAA que otorgaran recursos suficientes a los servicios de inspección para que pudieran realizar su trabajo.
El pasado mes de marzo, el Gobierno publicó, por primera vez, la cifra de fallecidos por covid-19 en las residencias de mayores. Según datos del Ministerio de Sanidad, a 23 de mayo de 2021, 29. 558 residentes fallecieron por coronavirus. Cifra que ha aumentado a 1 de junio hasta las 79.983.
