“La prohibición generalizada de todas las concentraciones y manifestaciones con motivo del 8M en Madrid es una limitación desproporcionada al derecho de reunión pacífica establecido en el derecho internacional. Cada petición debe evaluarse individualmente”, ha explicado el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.
Según precisa la ONG, el Derecho internacional de los derechos humanos reconoce que pueden imponerse restricciones a la libertad de reunión pacífica para la protección de determinados intereses legítimos, como la salud pública. No obstante, considera que las prohibiciones de manifestaciones deben ser “una opción de último recurso y solo basada en una necesidad urgente”.
“A la hora de decidir si una manifestación puede o no llevarse a cabo por razones de protección de salud pública, las autoridades deben realizar una evaluación caso por caso, que contemple qué medidas pueden adoptarse para prevenir contagios, sin necesidad de prohibir la manifestación en su totalidad”, ha declarado Beltrán, recoge Europa Press.
Según ha subrayado, “cualquier medida que recorte libertades y derechos humanos debe cumplir estrictamente con el criterio de proporcionalidad y necesidad”.
