La convocatoria de huelga afectaría por tanto a todos los ámbitos con personal afectado por la crisis en Muface: centros educativos públicos, centros de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, entre otros) y Correos.
Para CSIF, ya ha pasado el tiempo de realizar manifestaciones, como la realizada el pasado 14 de diciembre, en la que miles de funcionarios provenientes de toda España se concentraron frente a la sede de Muface en defensa del modelo de concierto sanitario del mutualismo administrativo, y toca llevar a cabo acciones más contundentes como esta jornada de huelga, por la gravedad de la situación.
“Desde CSIF emplazamos al Gobierno a que ponga fin a la situación de incertidumbre que vive Muface garantizando la continuidad del actual modelo y una asistencia sanitaria de calidad, que han dejado de recibir. La situación solo se resolverá si la oferta del Gobierno satisface a las entidades aseguradoras para concurrir al concierto. Llegados a este punto, nuestro sindicato pide la implicación del presidente del Gobierno para dar prioridad política a este asunto”, asegura el sindicato en un comunicado.
CSIF ha intensificado estos días la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros, responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria a 1,5 de funcionarios y sus familias.
También critica la actitud de otras organizaciones sindicales por el “doble juego que están realizando, por un lado, reclamando una solución para Muface y al mismo tiempo realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario”.
“De manera paralela, CSIF está atendiendo a diario centenares de quejas de mutualistas porque no están recibiendo una adecuada atención por las aseguradoras que bien ponen trabas administrativas o directamente deniegan citas, pruebas diagnósticas e incluso intervenciones quirúrgicas. […] Nuestra organización también ha tramitado una queja ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Europea”, añade.
