El eurodiputado electo Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de la agrupación Se Acabó la Fiest - Eduardo Parra - Europa Press
En un vídeo publicado en Telegram, Alvise se ha declarado «culpable» como «autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo» y por haber ejercido, según ha denunciado, su «legítima defensa» contra «el terrorismo fiscal del Estado». «Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y a veces cobrar una actividad ilegal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que queda», ha reprochado.
El eurodiputado, que ha tildado al Ministerio de Hacienda como «mafia», ha confirmado que cobró del empresario Álvaro Romillo 100.000 euros «sin factura» y «para poder tener más ahorros» y no enriquecerse con su actividad política, tal y como prometió en la campaña electoral de las elecciones europeas, según ha dicho.
«Porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío y porque todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe», ha afeado Alvise, a la vez que ha insistido en que Álvaro Romillo es un «criminal que ha estafado a miles de personas» y a quien el Gobierno, según su versión, «ha permitido huir a Dubai a cambio de decir que me regaló 100.000 euros».
También ha cargado contra «los medios corruptos y manipuladores» por «una factura sin IVA». «Pero díganme, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones o pequeños sacrificios de moral para llegar donde está?», ha planteado, al tiempo que ha mostrado su desconfianza con la justicia española y ha animado a sus seguidores a que eviten pagar impuestos si pueden.
Cabe recordar que, en su denuncia, Romillo –ex consejero delegado de Madeira Invest Club– sostiene que entregó 100.000 euros «en efectivo» al eurodiputado el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. «Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío», le habría escrito Alvise en un mensaje.
Romillo incide en ese escrito que Alvise le contactó porque tenía una «necesidad de tráfico y alcance, fondos» que no requirieran «ser controlados por el Tribunal de Cuentas, fondos para el partido y dinero para afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y la protección de datos». El eurodiputado acudió a Romillo, precisamente, por su posición como CEO de Madeira Invest Club.
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