Tras analizar 830 productos alimenticios para lactantes y niños pequeños, el estudio concluyó que solo el 23% cumple con el Modelo de Perfiles de Nutrientes y Promoción (NPPM) de la OMS para Europa. Entre los problemas detectados destaca el alto contenido de azúcares añadidos, especialmente provenientes de zumos concentrados, así como un bajo aporte calórico y una baja densidad energética.
Solo el 23% de los productos analizados cumplen los criterios nutricionales de la OMS
Azúcar, principal problema
El análisis detectó que cerca del 60% de los productos contienen un contenido excesivo de azúcar, mientras que un alarmante 98% de los purés de frutas y verduras debería incluir una advertencia por su elevado nivel de azúcares. Además, el estudio indicó que una de cada cuatro comidas saladas y comidas diarias para niños presentaba deficiencias en proteínas y energía, respectivamente.
El 98% de purés analizados debería advertir su alto nivel de azúcares
Etiquetas engañosas y marketing confuso
Otra problemática relevante es el etiquetado engañoso. Muchos alimentos utilizan nombres o afirmaciones que crean una percepción falsa sobre su calidad nutricional. Por ejemplo, productos etiquetados como «ternera con zanahoria» tienen en realidad un contenido mínimo de carne, y mensajes como «sin azúcares añadidos» aún contienen azúcares libres procedentes de purés o polvos de fruta.
Según Paulina Maria Leszczynska, nutricionista y autora principal del estudio, estas prácticas promocionales «generan una falsa percepción de calidad que no corresponde a la realidad».
Investigadores reclaman una regulación urgente y estricta para proteger la salud infantil
Regulación insuficiente y necesidad urgente de cambios
Actualmente, la publicidad infantil de alimentos en España se regula mediante el Código PAOS, un sistema voluntario sin capacidad sancionadora. Aunque desde 2022 está pendiente un Real Decreto que regularía esta publicidad siguiendo los estándares de la OMS, el texto sigue bloqueado esperando aprobación por parte del Consejo de Ministros.
Nancy Babio, investigadora principal del estudio, reclama una normativa «clara, vinculante y basada en evidencias científicas» que proteja a la población infantil frente a intereses comerciales.
