23-08-2021 Vista general de la carretera sobre el estado del embalse de Portas en la cuenca Miño-Sil, a 24 de agosto de 2021, en Galicia, (España). En Salas -en Ourense-, los informes de la Xunta de Galicia indican que su actual nivel de ocupación es del 27,3%. En el caso de Portas su capacidad actual es de un 15%, frente al 71% en las mismas fechas del año pasado; y el de Cenza cuenta con una ocupación del 13,7 %. Estos niveles de ocupación, que "no son los esperados ni los habituales para esta época del año", ponen en el punto de mira a Naturgy e Iberdrola, las empresas explotadoras de dichos embalses, y que han recibido un expediente informativo por parte del Gobierno central para investigar dicha circunstancia. ECONOMIA Rosa Veiga - Europa Press
Así, el coordinador de esta formación, portavoz del grupo confederal ante la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso y presidente de este órgano, Juantxo López de Uralde, ha criticado que ahora el Ministerio delegue en las Conferencias Hidrográficas esta tarea, al aludir que cada organismo cuenta con una Oficina del Registro de Aguas responsable de este registro.
Este mismo verano, tras el vaciado de embalses por parte de Iberdrola, el diputado preguntó por este registro, recordando que el Ministerio afirmó en 2019 que preparaba un registro público que estaría listo en dos años y que, transcurrido este plazo, no existe constancia de que se haya puesto en marcha.
LA INFORMACIÓN ACTUAL NO ES TRANSPARENTE NI ACCESIBLE
Por ello, ha lamentado que su socia de Gobierno pretenda «dar carpetazo a una reclamación legítima de transparencia» y le ha urgido que ponga en marcha el registro público de concesiones al que se comprometió, ya que, a su juicio, «la información existente, a través de cada organismo de cuenca, y, por tanto, no homogeneizada en un registro, no es suficiente, transparente y accesible para el conjunto de la ciudadanía».
Y es que, ha señalado López de Uralde, únicamente se conocen datos estimados de concesiones que son del Estado y, por tanto, públicas, denunciando que «la opacidad opera en favor del oligopolio».
Así las cosas, reclama que este registro sea público, fácilmente accesible y permita conocer el estado en el que se encuentran las concesiones con el fin de no encontrarse «sorpresas en forma de renovaciones y poder así recuperar de manera automática para el Estado las concesiones que caduquen».
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