El acto, organizado por la asociación ‘7.291: Verdad y Justicia para las víctimas de residencias’ en el Teatro del Barrio, reunió a representantes de dos modelos de gestión muy distintos: el de la Comunidad de Madrid, con el mayor número de fallecidos en residencias en los primeros meses de la pandemia, y el de Canarias, con la menor incidencia y mortalidad en esos mismos centros.
Madrid: “Condenados a morir sin atención hospitalaria”
Entre marzo y abril de 2020, en la Comunidad de Madrid se contabilizaron 9.470 fallecidos en residencias, de los cuales 7.291 no tuvieron acceso a la asistencia sanitaria. Según Reyero, estos protocolos restringían la derivación hospitalaria de ancianos con discapacidad o dependencia, privándolos de la atención que necesitaban.
“Se anunció la medicalización de las residencias, pero nunca se produjo”, denunció el exconsejero, quien aclaró que no participó en la elaboración de esos documentos. Mientras tanto, los residentes que enfermaron no fueron trasladados al hospital de campaña de Ifema y solo aquellos con seguro privado accedieron a hospitales privados
Reyero lamentó que muchos residentes “fueron condenados a morir de forma absolutamente indigna, sin cuidados paliativos, sin morfina y sin atención médica” en centros sociosanitarios, que “no son hospitales”. Además, explicó que en muchas ocasiones los residentes murieron solos, sin el apoyo ni los recursos médicos necesarios.
Canarias: éxito de los protocolos y la apuesta por el sistema público
Por su parte, Noemí Santana defendió el modelo de gestión de Canarias, comunidad que registró el menor número de fallecidos en residencias gracias, según ella, a “protocolos claros y órdenes conjuntas de las Consejerías de Derechos Sociales y Sanidad”.
“En Canarias no se aplicaron protocolos como los de Madrid, y se trasladaba al hospital a cualquier persona con sintomatología grave”, subrayó Santana. Gracias a este enfoque, la comunidad tuvo muchísima menos incidencia y mortalidad
Además, se estableció un protocolo de emergencia en los centros sociosanitarios, con la fiscalización diaria de la Policía autonómica canaria para asegurar el cumplimiento de las medidas.
Entre marzo y abril de 2020, la diferencia fue abismal: 9.470 fallecidos en residencias de Madrid (7.291 sin asistencia) frente a 50 en Canarias
Lecciones para el futuro
El coloquio puso en evidencia la enorme disparidad en la gestión de las residencias durante la pandemia. Reyero advirtió de las consecuencias de restringir la derivación hospitalaria a las personas mayores y defendió que estos hechos deben ser recordados para evitar que se repitan en el futuro.
Por su parte, Santana reiteró la importancia de apostar por un sistema público sociosanitario fuerte, que priorice la dignidad y la vida de las personas mayores, sin discriminación ni exclusiones.
