El nuevo escenario normativo, que prohíbe los pisos turísticos en baleares, y la amenaza de fuertes sanciones ya están provocando una drástica caída de la oferta de alquiler turístico en muchos destinos de las islas, con Palma de Mallorca como uno de los centros del desplome. Airbnb, la mayor de las plataformas de alquiler, está sufriendo una sangría, según informa hoy elindependiente.com.
Recuerda del digital que dirige Casimiro García-Abadillo que en Baleares los turistas pueden alquilar chalés, casas, viviendas unifamiliares… pero –salvo excepciones fijadas por los ayuntamientos- están vetados los pisos de uso turístico en edificios plurifamiliares, ya que así lo establece claramente la nueva normativa regional, en vigor desde agosto del pasado año.
Y que por ello, las plataformas online como Airbnb, Homeaway o Niumba sólo pueden comercializar desde entonces casas vacacionales completas y que cuenten con la licencia oficial para ello. Subrayando que la oferta de cualquier inmueble que no cumpla con estos requisitos es “motivo de sanción para los portales online (de entre 40.000 y 400.000 euros) y para el propietario (en el caso de los dueños, las sanciones oscilan entre los 20.000 y los 40.000 euros)”.
Destaca el medio online que el Gobierno balear ya ha empezado a ejercer esta potestad sancionadora. Y los gigantes online Airbnb y Tripadvisor han recibido sendas sanciones de 300.000 euros por anunciar en sus webs pisos turísticos ilegales. Otros portales sí que se han ido plegando a la petición del Govern, como Booking.com, Hundredrooms, Atreveo, Tripwell y Rentalia.
El independiente.com explica los efectos que está teniendo la nueva normativa señalando que “justo cuando entró en vigor la nueva ley de Baleares, Airbnb contaba incluso con más de 3.700 viviendas en alquiler en Palma, según los datos detallados de Airdna –web que analiza la oferta de Airbnb en ciudades de todo el mundo-“ pero que ahora los últimos datos disponibles, correspondientes al mes pasado, muestran que Airbnb contaba con poco más de 1.800 anuncios en Palma en abril (casi 1.300 viviendas completas y más de 500 habitaciones), menos de la mitad que en el momento en que empezó a aplicarse la nueva normativa regional.
Y recalca que “Si se comparan esas 1.800 estancias en alquiler con abril del año pasado, la caída es de casi un 40%, con un descenso de más de un millar de anuncios”.
Concluyendo con un dato relevante: “Según los datos que maneja el Ayuntamiento palmesano, actualmente todas las plataformas online de alquiler estaban ofreciendo unas 11.000 plazas de alquiler en Palma, de las que sólo 645 eran legales. Esto es, el 94% de toda la oferta de alquiler en la capital es ilegal”.
