“Cuando digo todo el mundo, era todo el mundo de la Justicia, todas las entidades, desde el fiscal general entonces y actual presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Supremo, todos”, ha indicado este martes la exdirigente del PP al declarar como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades del Campus de la Justicia al adjudicar contratos.
Además, Aguirre ha señalado que también el ministro de Justicia del entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que era algo que había que hacer. “Y también, cuando pusimos la primera piedra, en la foto estaba todo el mundo de la Justicia madrileña y nacional. O sea, que es que era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre, como creo que se dice por ahí”, ha defendido, según Europa Press.
La expresidenta madrileña ha señalado que convenía que todas las sedes judiciales estuvieran agrupadas, antes de volver a insistir en que “todo el mundo, los partidos y los números unos de las judicaturas, estaban de acuerdo”. Ha dicho que no cesó en 2008 como vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior a Alfredo Prada, principal acusado en este juicio, por su gestión, que “fue muy buena”, sino por motivos políticos, porque él se aproximó al entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, con el que Aguirre discrepaba.
Ocho años para Alfredo Prada
La Fiscalía reclama ocho años de cárcel para Alfredo Prada, entonces vicepresidente segundo de Aguirre y consejero de Justicia e Interior, por delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, solicita seis años para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo de la empresa pública que gestionaba el proyecto.
Campus de la Justicia fue impulsado por el Gobierno regional de Aguirre en su primer mandato. En 2005 se creó una empresa pública para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad. Las obras no se terminaron y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos: “Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación”.
