Afectados por la venta del Ivima piden a los partidos que se comprometan a recuperar las viviendas

Puerta del Sol
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‘Por la recuperación de las viviendas públicas vendidas a fondos buitre’. Así reza la concentración convocada por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI), la FRAVM, la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Coordinadora de Vivienda de Madrid este miércoles en la Puerta del Sol. Una cita en la que llaman a los partidos que concurren en las elecciones del 4 de mayo a ‘mojarse’.

Los afectados por la venta de estas viviendas instan a las diferentes formaciones a que suscriban un compromiso para recuperar las 2.935 casas públicas que la Comunidad “malvendió” en 2013 a Goldman Sachs.

En esta concentración, detalla en una nota, las personas afectadas por esta operación realizarán una lectura pública de las sentencias judiciales que la han declarado nula. Además, expondrán cómo les ha afectado en sus vidas la venta de los pisos en los que residen.

“En el año 2013 el Gobierno del PP de la Comunidad orquestó la mayor venta de viviendas públicas y sociales de la historia contemporánea, con sus inquilinos dentro”, recuerdan estos colectivos. “A cambio de 201 millones de euros”, continúan, “se entregaron al fondo de inversión Goldman Sachs un total de 2.953 viviendas (32 promociones por toda la región) con el argumento de que aquella venta era necesaria para no incurrir en déficit”.

Cinco años después, en 2018, la justicia declaró que aquella venta “carecía de justificación y anuló en bloque toda la operación, ordenando recuperar las viviendas”. Sin embargo, nada ha cambiado. A día de hoy las viviendas no se han recuperado y la Comunidad de Madrid “niega el amparo a las familias afectadas”. Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico, explican los afectados, “llevan planteados un total de seis recursos contra el cumplimiento de la sentencia”.

“Desde el Gobierno regional se ha hecho negocio especulando con la vivienda pública, sabiendo que el fondo expulsaría a las familias inquilinas debido a los bajos ingresos”, lamentan.

Por ello, y para “poner fin a esta canallada”, han convocado a los partidos a que suscriban un acuerdo escrito en el que “se comprometan a cumplir con la sentencia, no plantear más recursos y abrir una Oficina Pública de Atención a los Afectados”.

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