Jose Felix Tezanos
Según ha informado la formación liderada por Santiago Abascal, recoge Europa Press, el juzgado ha dado un plazo de 20 días al CIS para que presente las actas de trabajo en las que se acuerdan los criterios de elaboración de las encuestas entre los ejercicios 2018 y 2020 o en las que figure justificación para el “cambio de técnicas” aplicables a dichos instrumentos.
En el marco de la admisión a trámite, se ha acordado la práctica de las diligencias reclamadas por Vox en su querella, por lo que también se ha solicitado al centro dirigido por Tezanos que entregue al juzgado el programa de cumplimiento normativo y control de delitos, y las cuentas anuales de los ejercicios 2018 a 2020.
La querella se sustenta en un informe pericial en el que según los querellantes “quedan claras las conocidas y notorias desviaciones hacia el PSOE en los resultados de los informes del CIS”, según informó el partido en un comunicado al momento de presentarla.
Asimismo, Vox sostiene que el informe apunta “elevados costes que paga el CIS por las encuestas subcontratadas” y deja clara la “falta de rigor” en la actuación del centro que preside Tezanos, que “no es casual ni aleatoria” y que “se aparta de la técnica y el rigor profesional que debería aplicar en una institución pública al servicio de todos los españoles”.
El documento pericial, según la formación, sitúa las desviaciones en encuestas en el límite de hasta el límite de 1.5 puntos, que se pueden considerar normales; si bien en encuestas poco precisas estas desviaciones ascienden a los 2.5 puntos. Habla también de errores de más de cinco puntos que no se justifican de ninguna forma a favor del PSOE que han llegado a recoger las encuestas del CIS.
El partido insiste en que en el conjunto de las encuestas realizadas por el CIS -desde que lo preside Tezanos- el error medio respecto de los resultados reales es de 3,3 puntos “muy por encima de cualquier límite razonable para cualquier análisis demoscópico científico”.
Estos datos, han llevado a deducir a los servicios jurídicos de Vox “que se ha utilizado y se utiliza dinero público para influir en la decisión de los votantes y en contra del fin al que tenía destino el mismo”.
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