El futuro de las cabinas telefónicas está en el aire. El Gobierno de Pedro Sánchez, en el último Consejo de Ministros de 2018, acordó indultarlas y que la prestación de teléfonos públicos de pago (cabinas) mantenga su naturaleza de “servicio universal de telecomunicaciones” hasta el 31 de diciembre de este año. Se acerca la fecha y vuelven las voces que reclaman que este símbolo de las comunicaciones del siglo pasado, que incluso compartió protagonismo con José Luis López Vázquez en la gran pantalla, desaparezca.
La Comisión Nacional para los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha insistido de nuevo en la “necesidad de suprimir este servicio como elemento perteneciente al ámbito del servicio universal, al haberse constatado el progresivo abandono de su uso, en términos de tráfico de llamadas, de ingresos y de distribución territorial de su uso”.
Según recuerda este órgano, la actual regulación del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas “ya no incluye las cabinas” dentro del servicio universal, “si bien autoriza a los Estados a seguir prestando este servicio en determinadas condiciones, que habrán de analizarse”. Así lo señala Competencia en una nota en la que analiza “las condiciones para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones” en la que manifiesta “la necesidad de actualizar la velocidad garantizada en el servicio universal (que actualmente es de 1 Mbps)”.
En su opinión, el ofrecimiento de 1 Mbps “no se ajusta a la evolución social y tecnológica actual y, de hecho, prácticamente no existen en el mercado ofertas comerciales inferiores a 10 Mbps (en el 2018 el 96% de las líneas contaban con velocidades superiores a 10 Mbps y el 74.2% eran superiores a los 30 Mbps)”. Además, destaca que las Agendas Digitales, tanto la europea como la española, “establecen como objetivo para el 2020 que toda la población pueda tener un acceso de 30 Mbps”.
Respecto al abono social, la CNMC aconseja la obligación del operador adjudicatario de publicitar “de forma más visible” los elementos y características de los servicios que incluye.
Además de la prórroga acordada por el Gobierno, en el mencionado Consejo de Ministros se designó a Telefónica de España como “operador encargado de la prestación de ese servicio”.
