Adicae lleva a la Audiencia Nacional el papel del FROB en la venta del Banco Popular

La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha decidido dar un paso al frente tras la venta del Banco Popular al Santander. La plataforma ha registrado este lunes en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo por el papel que ha desempeñado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la operación, la cual provocó la pérdida total de la inversión para 300.000 accionistas.

“No fue correcto ni transparente”. De esta manera, Adicae ha censurado el proceso de subasta que impulsó el FROB. Y es que para la asociación, el organismo confirió “ventajas a la entidad, que a la postre resultó adjudicataria”. Un recurso que han justificado tanto para la protección de los inversores, pequeños accionistas y tenedores de deuda convertible en acciones del Popular que han visto como sus ahorros “se han volatilizado”, como para el “propio interés general de vigilancia” del buen funcionamiento del sistema financiero español.

Según han redactado en el escrito, al que ha tenido acceso EFE, Adicae no le resulta “muy lógico, ni ajustado a la legalidad” que el hecho relevante por el que el Santander anunció la operación de compra estimara que los recursos de los clientes ascendieron a unos 96.000 millones de euros en 2016, y que, sin embargo, no fueran suficientes para haber buscado soluciones alternativas a la pérdida total de la inversión.

De la misma manera, la plataforma ha cargado contra las últimas ampliaciones de capital efectuadas por el Banco Popular al realizar “a sabiendas del riesgo que suponían” y de las “manifiestas incertidumbres acerca de su situación económica” que vivía la entidad. Por ello, Adicae ha reprochado la “actitud pasiva” del Consejo de Administración y ha recordado que el Popular “no está así por sus errores recientes, sino que su deterioro se ha ido gestando durante los últimos años”, con activos hipotecarios “problemáticos” valorados en más de 35.000 millones de euros y créditos morosos por valor de 17.000 millones.

Otro de los puntos en los que se ha centrado la asociación en su denuncia ha girado en torno a la imposición de medidas cautelares que llevarían a la “paralización inmediata de los efectos de la actuación del FROB”, aunque no llega a formularla al carecer de la capacidad económica para afrontar las «cifras exorbitantes» de la fianza.

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