La organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció este jueves su disolución final. Ya no existirá ninguna estructura de la banda ni material militar en su posesión. Su disolución abre ahora el debate sobre la dispersión o el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco o alrededores.
Los últimos dos Lehendakaris, Patxi López (PSOE) e Iñigo Urkullu (PNV) defienden una política penitenciaria diferente encaminada al fin de la dispersión, y por tanto, al acercamiento de presos a Euskadi. “El alejamiento, a día de hoy, sólo sirve para la victimización de ese mundo”, asegura el socialista. Urkullu, por su parte, lleva tiempo pidiendo el acercamiento de presos a cárceles vascas y asegura que Mariano Rajoy “es sensible” a esa necesidad.
No obstante, el presidente del Gobierno, presionado también por fuerzas políticas como Ciudadanos, ha advertido que “la única política de futuro en materia antiterrorista como siempre es aplicar la ley”.
¿Acercamiento o dispersión?
Es cierto que la Ley Penitenciaria no especifica literalmente que un preso deba cumplir condena en un lugar próximo a su residencia. Sin embargo, el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, sí destaca que la ubicación de los establecimientos penitenciarios debe “evitar el desarraigo social de los penados”. Una afirmación que puede interpretarse como la necesidad de ubicar al preso próximo a su círculo social. Una postura que lleva décadas defendiendo la plataforma Etxerat.
Mikel Armendariz Barnechea, Coordinador del SOJP de Pamplona y miembro de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, aseguró hace más de un año que “la Administración Penitenciaria se ampara constantemente en motivos organizativos para que muchos presos no cumplan sus penas en un entorno más cercano que permita su resocialización y evite su desarraigo social”.
La dispersión de los reclusos condenados por terrorismo “debe ser utilizada únicamente como un instrumento al servicio del tratamiento penitenciario con el único fin de motivar una ruptura con la banda terrorista y de protegerle de la presión de aquella”, asegura Cristina Rodríguez Yagüe, profesora de Derecho Penal de la UCLM en su trabajo ‘Política penitenciaria antiterrorista en España: la dispersión de las “prisiones de seguridad’.
No obstante, Rodríguez Yagüe considera que “una vez conseguido este fin, la política de dispersión debía ser desactivada”.
Las Reglas Penitenciarias Europeas aprobadas por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el 11 de enero de 2006 establecen en su punto 17.1 que los detenidos deben estar ubicados, tanto como sea posible, en prisiones situadas cerca de su hogar o de su centro de reinserción social.
En ese sentido, “el cumplimiento de la condena alejado del lugar de origen supone una agravación de la situación del sujeto, al que se le dificulta el mantenimiento normalizado de sus relaciones familiares y personales, así como su derecho a la defensa. La falta de arraigo con el entorno perjudica al sujeto en el acceso a mecanismos de resocialización previstos en la ley como la obtención de permisos de salida o del tercer grado”, asegura Rodríguez Yagüe.
Además, la profesora de Derecho Penal de la UCLM afirma en su trabajo que “una política de dispersión sistemática, ajena al proceso de reinserción social individual y sometida a los vaivenes de la política o de las demandas de las víctimas, es rechazable”.
La abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, asegura a EL BOLETÍN que la disolución de ETA “no implica que desaparezca y, por tanto, hay que mantener la política de dispersión”.
A su juicio, el Gobierno no debe ofrecer ningún tipo de contrapartida a ETA por su “paripé y farsa”. Según la abogada de la AVT, “la dispersión ha sido el instrumento más eficaz porque rompe los entramados y vínculos etarras”, y considera que “la cultura del odio de ETA sigue viva, lo hemos visto en Alsasua”.
En cualquier caso, Ladrón de Guevara se muestra dispuesta a ver la circunstancia individual de cada preso, pero en absoluto a tomar medidas generalizadas “a favor de los presos”.
Jueces y Juezas para la Democracia no había tomado posición sobre el asunto de la dispersión a la hora de redactar este artículo (20:00 h del jueves 3 de mayo).
Cambio de década, cambio de política penitenciaria
Como explica la profesora Cristina Rodríguez Yagüe en su trabajo ‘Política penitenciaria antiterrorista en España: la dispersión de las “prisiones de seguridad’, la política penitenciaria en España ha pasado de la concentración a la dispersión, en relación a ETA.
Durante los años 80, el Gobierno optó por una política de concentración de los internos terroristas en cuatro prisiones. Con esta estrategia pretendían evitar el contagio hacia delincuentes comunes así como “la derivación de estos grupos terroristas hacia otros tipos de delincuencia común”.
Tras varios altercados en distintas prisiones, el Ejecutivo de Felipe González decide modificar el plan en los 90 y apuesta por la dispersión como forma de combatir a ETA. “Está encaminada a romper los lazos de los miembros de las organizaciones terroristas con éstas y facilitar, con ello, (la reflexión individual) su reinserción social”, explica Rodríguez Yagüe.
En estos momentos, son cerca de 300 presos de ETA los que siguen encarcelados en distintas prisiones del mundo, la inmensa mayoría de ellos en España.
