Accionistas minoritarios y no minoritarios de Banco Popular estudian denunciar por la vía civil, “la más rápida”, a la Junta Única de Resolución europea (SRB por sus siglas en inglés) y al Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB) español, así como la posibilidad de iniciar arbitrajes de protección de inversiones contra el Estado español por parte de inversores extranjeros cuyos títulos valores han sido “confiscados”.
En declaraciones a la agencia Europa Press Bernardo Cremades, abogado de Cremades y Asociados, distintas asociaciones de inversores afectados plantean “demandar y no denunciar” a los mecanismos europeos y al Fondo de Rescate Español porque es la vía “más práctica”.
“Planteamos un recurso contencioso administrativo doble. Por un lado, contra la decisión de la SRB ante el Tribunal Europeo de Justicia, y, por otro, contra la decisión del FROB implementando la decisión de la SRB ante la Audiencia Nacional”, ha explicado.
Además, Cremades ha confirmado que también están analizando “eventuales reclamaciones por vía civil” contra el Banco Popular y sus administradores, como ya han hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los accionistas minoritarios de la entidad -agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec)- mediante el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.
“No necesitamos una gran investigación de las cuentas, las puede investigar un perito, pero si ponemos como analogía el caso Bankia, la mayoría de los que reclamaron por su salida a bolsa ya han recuperado su dinero por la vía civil, mientras que por la penal el juicio todavía está abierto. La vía penal va mucho más lenta y no la vemos conveniente”, ha aclarado.
