El Sindicato de Enfermería, Satse, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska que, en su nueva etapa al frente del Ministerio del Interior, agilice el proceso de traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, ya que la situación de las enfermeras y enfermeros que trabajen en los centros penitenciarios es cada vez más «insostenible». El sindicato señala que es «urgente» dar solución definitiva a un «problema enquistado desde hace años» y que, añaden, «se ha agravado en los últimos tiempos». En la actualidad, hay de media solo una enfermera o enfermero para atender a 100 personas privadas de libertad.
El traspaso de la sanidad penitenciaria debía haberse hecho efectivo hace 15 años, «un total de quince gobiernos autonómicos siguen aún sin gestionar los servicios sanitarios que se ofrecen a las personas privadas de libertad en los centros de sus respectivos territorios, manteniéndose así una clara discriminación con respecto al resto de ciudadanía, al recibir una atención diferente y en peores condiciones», apuntan.
Ante esta realidad, desde Satse se reclama que se priorice las negociaciones con los gobiernos autonómicos para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y el País Vasco, que ya cuentan con las competencias pertinentes. Las últimas informaciones apuntan que las conversaciones se encuentran bastante avanzadas en el caso de Andalucía, Baleares y Navarra.
Asimismo, recuerda que existe un grave déficit de profesionales de enfermería, así como de otros sanitario, «lo que conlleva una peor atención y menos segura para las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad».
Lamentan haberse convertido en profesionales sanitarios «para todo», lo que les lleva a realizar funciones que «no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias, etc».
