«Por primera vez varias asociaciones nos hemos unido contra el maltrato endémico que sufrimos por parte de las administraciones», ha señalado en declaraciones a la prensa Virginia de la Cruz, presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), al tiempo que ha recordado que desde el gremio llevan ya «varios años» denunciando los agravios que dicen padecer por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
Francisco Lara, decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, también se ha mostrado «tremendamente feliz» porque «por primera vez la abogacía de trinchera se une» con «el apoyo de algunos Colegios» para reivindicar a los abogados del turno de oficio, trabajadores que, según ha defendido, realizan una labor «importantísima» para la «supervivencia del Estado de Derecho y la democracia» al poner en «igualdad de condiciones a todos los ciudadanos» con independencia de su condición económica, social, de raza o sexo.
De la Cruz ha incidido en que «muchas de las actuaciones» que realizan, cerca de «un 20%», no se les retribuyen, en referencia a los recursos y ejecuciones que por ley están obligados a presentar en los procedimientos que llevan. «No podemos seguir consintiendo que trabajemos y no se nos pague», ha dicho De la Cruz.
La manifestación ha salido de la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en la madrileña calle de Serrano y ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. Según los convocantes, han participado abogados del turno de oficio «de toda España» que este jueves han viajado a la capital para marchar un kilómetro en aras de reclamar reivindicaciones bajo cánticos como «Congreso, escucha, el turno está en la lucha», «somos abogados, no somos esclavos», y «si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga».
RECLAMAN LA ACTUALIZACIÓN DE BAREMOS
En el marco de la protesta, De la Cruz ha incidido en la necesidad de actualizar los baremos, tanto el de los territorios Ministerio como el de las comunidades autónomas con competencias transferidas. Sobre este extremo, ha afeado a Justicia que no haya actualizado el suyo desde 2018.
Asimismo, ha reprochado que el baremo para las macrocausas permanezca igual desde 2003 y que contemple pagos de 450 euros por procedimientos de gran calado que «paralizan» despachos y mantienen ocupados a los abogados durante años, con pagos extras de 30 euros por cada mil folios o por más de cinco comparecencias.
Al hilo, ha reclamado que se modifique la ley para que se retribuya a los abogados del turno de oficio los servicios prestados a las personas jurídicas. «Se prevé que a nuestra costa tenemos que defender a personas jurídicas, pero no se prevé que se nos abone ese trabajo y eso hay que modificarlo de una vez por toda. Tiene que incluirse a las personas jurídicas dentro de la justicia gratuita», ha añadido.
Desde las asociaciones convocantes han asegurado que ya se han reunido con senadores y diputado de distintos grupos parlamentarios y han precisado que aún están pendientes de mantener una reunión con el equipo de la ministra Pilar Llop.
EXIGEN MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
África Calleja, vicepresidenta de Altodo, ha insistido en que entre las reivindicaciones del gremio «no todo es dinero». En este sentido, ha recordado que «hoy por hoy no hay una norma que obligue a la suspensión de plazos en caso de que enfermedad, muerte de un hermano o un hijo en un hospital». Y ha defendido que estos asuntos no pueden quedar al arbitrio de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) o un juez, sino que debe estar fijado por ley.
Por ello, de la Cruz ha recalcado que «cuidar» a los abogados del turno de oficio «supone cuidar a todos los ciudadanos que tienen derecho a algo tan importante como el derecho a la defensa».
Ante una eventual huelga general de la Abogacía, cabe recordar que en lo que va de 2023 los juzgados y tribunales acumulan ya dos parones. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) estuvieron dos meses de parón hasta que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros mensuales. Resuelto dicho conflicto laboral, se abrió un nuevo frente y los funcionarios de Justicia empezaron su propia huelga indefinida el pasado 17 de abril para lograr una mejora salarial «en línea» con la de los LAJ. Ahora, aún con el conflicto latente de los funcionarios, se suma el anuncio de huelga de jueces y fiscales.
