Abertis
Abertis ha acordado con sus sindicatos aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente afectará a 120 trabajadores de las autopistas de peaje que explota en Cataluña, lo que supone el 9,2% de la plantilla total de 1.300 efectivos de la empresa en España, si bien se trata de 16 menos respecto a los 136 inicialmente previstos, según informo UGT.
Este ajuste sucede al que la compañía controlada por Atlantia y ACS ya acordó a finales del pasado año, que en ese caso afectó a los 136 trabajadores de las dos autopistas que al término de 2019 concluyeron su contrato de concesión con Abertis y volvieron al Estado.
El ERE pactado ahora se aplicará a las vías que Abertis gestiona a través de las sociedades concesionarias Acesa e Invicat. En concreto, se trata de varios tramos de la autopista AP-7 a su paso por Cataluña, y tramos de las regionales C-31, C-32 y C-33.
En el caso de Acesa, dos de sus trazados, el de la AP-7 comprendido entre el paso fronterizo de La Jonquera y Barcelona, y desde la Ciudad Condal hasta Tarragona, y la AP-2 Zaragoza-Vendrell (Tarragona), también concluirán próximamente, en agosto de 2021, su contrato de concesión y volverá al Estado.
Del total de 120 trabajadores afectados, un centenar corresponden a empleados de las autopistas, de cobro de peaje y mantenimiento, y la otra veintena, a servicios centrales.
En virtud del acuerdo, estos trabajadores recibirán una indemnización de 45 días por año trabajado con tope de 42 mensualidades respecto a los ejercicios trabajados hasta febrero de 2012 y de 33 días por año trabajados con tope de 24 mensualidades para los ejercicios posteriores. Además, contempla una aportación de 3.000 euros para quienes tengan una antigüedad de al menos cinco años y de 6.000 euros si es de más de diez años.
En paralelo, los sindicatos de Abertis han desconvocado las jornadas de huelga que habían convocado para este verano en las autopistas de la empresa en España, primer operador de vías de pago del país, tras lograr un acuerdo con la dirección del grupo.
Los paros ahora anulados estaban programados para todos los viernes, sábados y domingos comprendidos entre el 26 de julio y el 16 de agosto, ambos incluidos. En el caso de los trabajadores de oficinas, la huelga se convocaba para todos los martes comprendidos entre esas dos fechas.
El nuevo convenio tendrá vigencia para dos años, con la ultraactividad que determine el Estatuto de los Trabajadores. En términos de retribución, establece una revisión salarial a razón del 95% del IPC sobre todos los conceptos salariales para los años de vigencia.
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