El escándalo del ‘caso Koldo’ sigue generando nuevas ramificaciones judiciales. Esta vez ha sido el propio José Luis Ábalos, exministro de Transportes, quien ha tomado la iniciativa legal contra quienes, a su juicio, habrían manipulado el informe clave que analiza las adjudicaciones de su departamento durante la pandemia. En el centro de la querella, la auditoría interna impulsada por su sucesor, Óscar Puente, que apuntaba directamente a irregularidades en la compra de mascarillas en 2020.
Querella por falsedad contra una directora general y una perito
En la querella, presentada en los juzgados de Madrid, Ábalos señala a Belén Villar, actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, como la responsable de encargar y supervisar el informe fechado el 19 de agosto de 2024. Junto a ella, figura también la perito que elaboró y firmó el documento, cuya identidad no ha trascendido públicamente.
El exministro considera que ambas incurrieron en falsedad documental y falso testimonio pericial al plasmar en el informe datos que no se corresponderían con la realidad de los hechos.
Ábalos considera que el informe encargado por Puente fue utilizado para «manipular el relato» sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia
Un informe cuestionado por contradicciones y «manipulación»
Según explica Ábalos en la red social X, el motivo de la querella reside en que varias declaraciones posteriores, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, contradicen el contenido de dicha auditoría. En concreto, cita a altos cargos del Ministerio de Transportes y de Correos que formaban parte del proceso de adquisición de mascarillas.
El exministro sostiene que dichas manifestaciones desmontan el relato que sostiene el informe oficial, cuya versión considera sesgada e interesada.
«Estas contradicciones evidencian la manipulación del informe elaborado bajo la dirección del actual Ministerio», afirma Ábalos en su publicación
Apoyo de un peritaje independiente
Además, la defensa de Ábalos presentó su propio informe pericial, que habría detectado una “serie de irregularidades” técnicas y metodológicas en la auditoría promovida por Puente. Este documento fue clave para sustentar la acción legal y confirmar, según su entorno, que el informe oficial “carece de rigor y objetividad”.
Con esta querella, el exministro busca desmontar el relato oficial que lo vincula con el escándalo del ‘caso Koldo’, cuyo epicentro se sitúa en la adjudicación de contratos de emergencia para material sanitario en los primeros meses de la pandemia de COVID-19.