El exministro de Transportes José Luis Ábalos en una comparecencia en la comisión del Senado. (Foto: Senado)
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentada por parte de su defensa este jueves pocos minutos antes de las 13.00 horas y, en la misma, Ábalos solicita amparo al Ministerio Público después de haber tenido conocimiento de unos hechos que considera «muy graves».
Recuerda que la UCO intervino el teléfono de su exasesor Koldo García y captó una conversación que mantuvieron ambos y por la que pudieron conocer que García le enviaría documentación que le había entregado previamente el ya ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez. Señala que esa documentación le iba a llega a través del hermano de Koldo García, Joseba García.
Indica que el 4 de noviembre de 2023 Joseba García quedó con él en Valencia, en su domicilio, y que previamente recogió esa documentación en Madrid de manos de Koldo García. Añade que entre Alicante y Valencia la furgoneta de Joseba fue interceptada por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y tras un registro localizaron el sobre donde iba la documentación «el cual iba nominado en la parte delantera del mismo a nombre de José Luis Ábalos Meco». «En el adverso estaba cerrado y con el sello oficial del MITMA», explica en la denuncia.
El exministro subraya que los agentes del GAR procedieron a abrir el sobre «y a fotografiar toda la documentación que contenía». Y explica que en el mismo iba una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre las ofertas de mascarillas para el Covid-19 con informes técnicos y responsables de las compras a la empresa de Soluciones de Gestión.
También incluía el informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó en octubre de 2022 esos contratos de mascarillas, y la respuesta del Ministerio de Transportes de agosto de 2023 a la resolución del Consejo de Transparencia.
El exministro explica que tras el registro, la UCO siguió a Joseba García hasta su domicilio, vieron como entraba con ese sobre y como abandonaba poco después el edificio sin el mismo. Y resalta que le «tomaron fotografías a la salida», también de su coche para luego averiguar en bases de datos policiales la titularidad del mismo que figura a su nombre.
«Los hechos descritos en el apartado anterior son de suma gravedad, por cuanto, vulneran mi derecho fundamental a el secreto de las comunicaciones dado que yo era el destinatario de dicha documentación, y nunca consentí el que abriera dicha documentación, como tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser Aforado) que motive la apertura de correspondencia», explica.
Añade que en este caso, «el bien constitucionalmente protegido es el secreto las comunicaciones amparado en el artículo 18.3 de la Constitución al garantizar secreto de las comunicaciones y, en especial, las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial».
«Consecuentemente, la correspondencia privada solo puede ser abierta por terceras personas cuando exista de forma inequívoca el consentimiento del destinatario, o bien, autorización judicial conforme a lo regulado en el artículo 579 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, conforme doctrina asentada por el Tribunal Supremo en su sentencia 2 junio 1997», recalca.
Y subraya que el GAR realizó «la apertura de la correspondencia privada dirigida a un aforado, sin tener en consideración la protección que la Constitución y la Ley procesal otorga a la apertura de la correspondencia privada del aforado».
Al hilo, explica que la gravedad del hecho radica en que «una investigación realizada a un aforado vulnerando un derecho fundamental (…) ha tenido la trascendencia» de imputarle graves delitos. «Por tanto, no se puede entender actuación arbitraria, realizada en la detención y que documentación de la cual yo era destinatario, en mi condición de aforado, como simplemente un daño colateral».
Por todo ello, pide a la FGE que recabe la intervención telefónica de Koldo García de los días 3 y 4 de noviembre de 2023, el informe de la UCO de 4 de diciembre de 2023, y que se tome declaración al entonces subsecretario de Transportes, que consta además como investigado por esta causa en la Audiencia Nacional.
En una rueda de prensa desde el Congreso, el exministro socialista ha remarcado que, a pesar del «ruido», no está dispuesto a que esto sea «normal» y «asumible» en una democracia por mucho que «desagraden los personajes afectados».
«Es un hecho muy grave para la democracia, muy grave para el Estado de Derecho porque es una investigación al margen de una autorización judicial», ha defendido para posteriormente insistir en que esta circunstancia se podría haber llevado acabo legalmente si se hubiese pedido su consentimiento o si un juez hubiese solicitado la apertura de esa documentación y ha recordado que «nada de esto ha ocurrido».
Al hilo de esta cuestión, Ábalos ha explicado que su denuncia la ha presentado ante la Fiscalía porque es el órgano encargado de «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público» y espera que se «tome nota» de la importancia, que a su juicio, tiene esta situación. Aún así, ha avanzado también que se «reserva» otras actuaciones judiciales para los posibles indicios que puedan ir apareciendo a lo largo de la causa.
«Esto no es un hallazgo casual de una investigación o un simple daño colateral, tenía un objetivo muy claro», ha sostenido, ya que, en palabras de Ábalos la investigación de los agentes está «liderada y dirigida» por un responsable.
Preguntado si cree que el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pudo estar al frente de dicha investigación, Ábalos lo ha descartado de manera rotunda porque «no es de esa sensibilidad» y además de ministro es juez y «sabe lo que es la defensa de la justicia y las libertades».
Lo único que le pide a Marlaska es que no cierre «apresuradamente» las cosas y que de respuesta a la pregunta parlamentaria que registró sobre este asunto para conocer desde cuándo fue investigado y que lleve a cabo una auditoria de fuentes de datos porque «cuesta muy poco» saber si se le ha investigado.
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