Los perjudicados preparan una macromanifestación en abril contra el “expolio” del parque público de pisos propiciado por Ignacio González y Ana Botella. Las familias madrileñas perjudicadas por la venta a empresas privadas de casi 5.000 viviendas sociales por parte de los Gobiernos de Ignacio González y de Ana Botella han decidido unir sus fuerzas.
Conscientes de que unidos pueden defender mejor sus derechos y hacer frente a lo que califican como “expolio” del parque público de viviendas en Madrid han convocado por primera vez una asamblea unitaria para el próximo miércoles en la que tratarán de acordar una estrategia conjunta.
A dicha “asamblea general”, convocada por la Asociación de Afectados por la Venta Pública del IVIMA y la Plataforma de Afectados por la Venta de Vivienda Pública y Social (PAVPS) asistirán la Asociación de Afectados por la Venta de la Vivienda Pública de la EMVS y la asociación Yo no me voy, y han sido invitadas todas las personas que se encuentran en riesgo de desahucio o que han sufrido un desalojo de su hogar además de a los vecinos que sufren problemas relacionados con la vivienda pública.
Según explicó Enrique Villalobos, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima -en declaraciones a elboletin.com– la idea es analizar cómo van las querellas que se han presentado en los tribunales y organizar movilizaciones conjuntas, entre las que destacaría una gran manifestación en abril en defensa de la vivienda pública.
Villalobos reconoce que este el “primer paso” para dar la batalla a los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital en defensa del derecho a una vivienda digna y no descarta que en el futuro se cree una gran plataforma o asociación unitaria.
50 expedientes de desahucio
El portavoz de esta asociación explica cómo la venta de su piso del Ivima a un fondo buitre repercute negativamente en los inquilinos. Denuncia que a los arrendatarios les están subiendo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el recibo de la comunidad, dado que por ley no puede encarecer la renta, haciendo notar además que desde que llegó Encasa Cibeles, la sociedad a través de la cual que Goldman Sachs-Azora gestiona la viviendas- no se han renovado las ayudas al alquiler, con lo que muchos vecinos tienen dificultades para pagar su casa.
Respecto a los desahucios, Villalobos reconoce no saber a ciencia cierta cuantos se han producido desde la llegada del fondo de inversión, ya que “muchas personas sienten vergüenza y humillación y no recurren a la asociación y cuando nos enteramos ya han sido desalojados de su hogar, aunque tengo constancia de que se han iniciado 50 expedientes de desahucio porque los hemos parado”.
