Así lo destacan desde la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid, de acuerdo a la labor de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) junto con la Cooperativa de Abogados CAES. Estos colectivos van a presentar este miércoles una denuncia contra la Consejería de Sanidad “por las irregularidades y presuntas ilegalidades detectadas en la utilización abusiva de la figura del contrato menor en los centros de gasto dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)”.
Según consideran, esta ‘apuesta’ por las adjudicaciones sin concurso público es una “práctica abusiva que impide la concurrencia pública”. “De esta manera, se consigue otorgar una posición de ventaja a determinados proveedores, falseando el acceso al mercado libre y practicando la llamada ‘contratación a dedo’”, afirman.
“Observamos indicios claros de fraccionamiento y presuntas ilegalidades en los contratos adjudicados mediante la figura del contrato menor que suponen, entre otras cosas, un despilfarro de recursos públicos que podrían ser utilizados en la mejora de la sanidad pública madrileña, desvío de dinero público, sobrecostes y mala gestión”. En su opinión, la ciudadanía “tiene el derecho y el deber ético de exigir a los que tienen responsabilidades políticas el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la gestión de los recursos públicos que, a fin de cuentas, son financiados con los impuestos que pagamos todas y todos”.
Por ello, Audita Sanidad y la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid llevan este miércoles esta cuestión ante el Tribunal de Cuentas.
