Billetes euro
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que el objetivo de deuda pública del 60% del PIB establecido en la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 2020 no se alcanzará al menos hasta 2037 y eso “en el escenario neutral de riesgos”.
AIReF publica hoy en su página web el Observatorio de Deuda del cierre de 2016. En el mismo, constata que únicamente el subsector de corporaciones locales alcanzará el valor de referencia previsto en la ley para 2020, mientras que el agregado administraciones públicas, en el escenario neutral de riesgos no termina llegando al 60% del PIB hasta 2037.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria fija el límite de deuda pública en el 60% del PIB para 2020, que se distribuye entre administración central (44% del PIB), comunidades autónomas (13%) y corporaciones locales (3%). En ese sentido, los ayuntamientos ya lograron alcanzar su objetivo del 3% el año pasado, por lo que constituyen un perfil “sin grandes riesgos para la sostenibilidad”.
Ante la imposibilidad de alcanzar el nivel fijado para 2020, la AIReF ha pedido que se revise la ley de manera que se establezcan “sendas exigentes, pero realistas”.
La institución que dirige José Luis Escrivá constata en su informe que la deuda pública cumplió el objetivo de terminar 2016 en el 99,4% del PIB -aunque en términos nominales marcó un nuevo máximo histórico- tras reducirse la ratio en todos los subsectores salvo las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas aumentaron su deuda en más de 13.000 millones el pasado año y aunque el comportamiento fue “bastante heterogéneo”, AIReF no cree que en conjunto puedan cumplir su objetivo para 2020. Las regiones “mejor situadas” para hacerlo son Madrid, Navarra y País Vasco, mientras que las «más desviadas» son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.
Según los cálculos de la AIReF, los habitantes de la Comunidad Valenciana necesitarían trabajar 155 días para pagar la deuda autonómica, lo que sitúa a la región en primer lugar, mientras que a madrileños y vascos les bastaría con 53 días. Para pagar la deuda común, los andaluces necesitarían trabajar 369 días, muy por encima de las 199 jornadas de los madrileños.
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