Mientras más se acerquen las elecciones autonómicas y locales, más discrepancias surgirán entre los barones del PP y la dirección central. No somos partidario de la ‘autocita’ y evitamos siempre, en la medida de lo posible, repetirnos en este espacio. Sin embargo, en esta ocasión sí vamos a hacerlo, más que nada para explicar que el afloramiento, más o menos acelerado, de discrepancias y tensiones que se está produciendo entre la dirección nacional del PP, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy a la cabeza, y los líderes regionales del partido no es más que la consecuencia lógica de un proceso que empezó hace tiempo y que, según se acerquen la hora de ir a las urnas, se acelerará hasta convertir a las secciones locales de este grupo político en reinos de taifas y configurar un mosaico de ofertas electorales diferenciadas con las que los barones intentarán escapar del posible desastre que, de momento, auguran las encuestas.
Con las expectativas de voto a la baja, por culpa, entre otras cosas, de las políticas de recorte impuestas por el Gobierno central y apoyadas por el aparato del partido, la búsqueda del ‘desmarque’ es casi una obligación para estos políticos, necesitados de un perfil propio que les proporcione alguna posibilidad de seguir a flote. Una necesidad que surge también de la pérdida popularidad de las principales figuras nacionales de la formación, salpicadas además por la sombra de múltiples episodios de corrupción, entre los que destacan los ‘casos’ Gürtel y Bárcenas, Por eso, a un año vista aún de esos comicios autonómicos y locales, las discrepancias públicas se acentúan y no hay llamada al orden de las altas jerarquías partidarias que las frene.
Hasta la propia secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, empieza a realizar incipientes acciones de disidencia, forzada por su condición de presidenta de Castilla La Mancha, cargo que quizá no consiga renovar si no cambia el actual panorama. Por eso, se produce la paradoja que mientras apoya el ‘copago’ en los órganos correspondientes del partido central, asegura que la medida no entrará en vigor en ‘su autonomía’ porque será el Gobierno regional quien se hará cargo de este abono. Una afirmación que, por lo demás, es un peligroso eufemismo, que parece no tener en cuenta que el dinero que administra cualquier ejecutivo autonómico procede de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con las diferentes posturas públicas de distintos cargos regionales y locales del partido que están apareciendo en los medios de comunicación a cuenta de la polémica reforma de la ley del aborto que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aparentemente para reconciliar al partido con sus votantes más conservadores. Lo previsibles es, como decíamos antes, que esas divisiones aumenten porque el proceso en marcha no ha hecho más que empezar y de aquí a muy poco va a ser prácticamente imposible que los dirigentes nacionales consigan mantener la disciplina en el conjunto del partido.
Hay otro motivo más, para tener la certeza del complicado futuro que le espera al PP en este aspecto y que tiene que ver con cuestiones puramente pecuniarias. El impacto de las investigaciones judiciales sobre las prácticas de la trama Gürtel y el extesorero Luis Bárcenas ha debilitado, y debilitará aún más, al aparato central del partido que maneja cada uno recursos más escasos y tiene muchas menos posibilidades que antes de acudir en ayuda de sus líderes locales que, incluso, a la hora de financiar sus campañas electorales van a tener que resolver sus necesidades por si mismos.
Y esa dura realidad también va a contribuir a que los barones suban otro peldaño más en la búsqueda de independencia y perfil propio y a que la antigua unidad inalterable en la acción política, los objetivos y los propósitos, de la que tanto han presumido los dirigentes de este partido, esté a punto de pasar a la historia.
