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Muerde la manzana, muerde…

Josep Lladós
Josep Lladós
La sanción a Apple por su estrategia de ingeniería fiscal nos debería hacer reflexionar sobre qué esperamos de la cooperación internacional.
Probablemente una de las noticias económicas más relevante del verano sea la sanción de la Comisión Europea a Apple por considerar que su estrategia de optimización fiscal se ha aprovechado de ayudas públicas que son ilegales. Son llamativos los 13.000 millones de euros (más intereses) de sanción anunciada, por los beneficios fiscales percibidos desde 2003. Pero llama todavía más poderosamente la atención la posición contraria del gobierno beneficiado por la imposición de la multa.
 
La mayoría de las principales empresas multinacionales han diseñado sofisticados sistemas y mecanismos de optimización impositiva que han derivado en paraísos fiscales, rutas de elusión y estratagemas de ingeniería fiscal. En el caso de Apple, la contabilización en Irlanda de todo el beneficio procedente de sus actividades comerciales en el continente, explotando las sustanciosas ventajas ofrecidas por la legislación local. En la práctica, la novena compañía en facturación del mundo paga en impuestos por los beneficios generados en Europa mucho menos del 1%.
 
El asunto tiene un montón de crestas y aristas en las que herirse. Se debe valorar, por un lado, la capacidad de los gobiernos europeos para establecer su sistema fiscal propio con una cierta autonomía. Por el otro, el derecho de las empresas privadas a pretender maximizar sus resultados netos minimizando el pago de impuestos. El gobierno irlandés no sólo reivindica su soberanía y la integridad de su sistema impositivo, también teme perder su atractivo para la inversión directa exterior. Y Apple apela al cumplimiento estricto de la ley al tiempo que reclama su legitimidad para decidir libremente donde establecer sus operaciones.
 
Por ello, la comisaria de competencia Margrethe Vestager presentó un informe cuidadoso en el que deja claro que la infracción se debe a que las ventajas fiscales recibidas por la compañía son ilegales porque fueron recibidas de forma selectiva, ya que otras empresas sujetas al sistema fiscal irlandés no pudieron acceder a dichos privilegios al no disponer de la capacidad para diseñar los procesos y estructuras ficticias internas aplicados por el gigante norteamericano. Desde esta perspectiva, Apple obtendría una ventaja comparativa desleal ante sus competidores.
 
Pero es incluso más complejo. Parece que para muchas grandes empresas multinacionales los impuestos ya no son vistos como su contribución a la financiación de los servicios públicos sino meramente como un coste económico más. Duele, porque muchas empresas tecnológicas de éxito se beneficiaron en algún momento de su desarrollo triunfal del apoyo de ayudas públicas directas o de la colaboración con centros de investigación públicos que no serían viables sin los impuestos pagados por los contribuyentes.
 
Lo que está en juego es dilucidar cuál es la mejor forma de proteger los intereses de los ciudadanos. Tras la crisis financiera todos somos muy conscientes de que los costes y ganancias de la globalización se reparten de forma heterogénea. La desigualdad es creciente, sólo puede ser compensada mediante la acción gubernamental y en algunos casos a través de la cooperación internacional entre gobiernos. Difícilmente encontraremos un argumento más sólido para justificar la colaboración (e incluso armonización) fiscal en la Unión Europea que la elusión fiscal de las grandes empresas multinacionales. Tal vez la unión económica no acabe siendo más que un bonito sueño, pero en su ausencia la rivalidad fiscal sólo conduce a tipos efectivos menores para los más pudientes, tanto si son personas físicas como jurídicas.
 
La dimensión del problema es de tal magnitud que exige alzado de miras y un pacto internacional de largo alcance y recorrido. La comisión empezó dos años atrás su cruzada ante los refugios fiscales y la OCDE lleva incluso más tiempo intentando hallar sin éxito fórmulas que consigan una mayor equidad fiscal. No es un envite sencillo.
 
Pero la llama ha prendido y como la mayor parte de las empresas investigadas por la comisión son norteamericanas, la gestión del problema con los nuevos inquilinos de la Casa Blanca va a ser de aúpa. Si el verano ha sido cálido, el próximo invierno promete.
 
*Josep Lladós, profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
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