La decisión del presidente del Gobierno de beneficiar al PP cambiando la Ley electoral puede volverse en su contra. No hace mucho tiempo que pasó. Hugo Chávez aún estaba vivo y consiguió volver a ganar unas elecciones tras haber aprobado un cambio en la Ley electoral venezolana que, según dijeron muchos ‘analistas’ cercanos al entorno del PP, le había permitido sortear, una vez más, la democracia, y perpetuarse en el poder y burlar la verdadera voluntad que el pueblo soberano había expresado en las urnas.
El fuego graneado de los ‘opinadores’ conservadores, tertulianos, columnistas y políticos alcanzó una gran intensidad. Se trataba, por supuesto, de demostrar que Chávez era un peligroso dictador y de restarle toda la legitimidad democrática posible. ¿Llevaban razón en aquel tiempo los componentes de este coro ‘antichavista’ hispano?
Lo cierto es que si entonces expresaron su desacuerdo con la aprobación de una reforma en la Ley electoral realizada unilateralmente por una sola fuerza política, sin consenso y acuerdo con las demás, ahora deberían hacer lo mismo, a la hora de dar su opinión sobre los planes de Mariano Rajoy de imponer la elección directa de los alcaldes, haciendo uso de la mayoría absoluta de que dispone el PP en el Congreso.
Pero no lo harán. Al contrario. Ahora consideran que promover este cambio es ‘dar más poder de decisión al ciudadano’, para que las componendas de los políticos no puedan conseguir ilegítimamente que el poder recaiga en alguien que no logró ser el más votado en las urnas.
Y, además, es obvio, que el hecho de el propio Rajoy se comprometiera públicamente a no cambiar las reglas del juego democrático español sin consenso, no tiene ninguna importancia. Ni para el PP ni para sus múltiples terminales mediáticos.
Impresionante, desde luego, pero nada sorprendente, por otra parte. La aplicación de los principios del despotismo ilustrado, aquel sistema que, como expresó muy bien Luis XIV, lo quería ‘todo para el pueblo, pero sin el pueblo’, es una constante en la estrategia política del PP. Un partido plagado de líderes autoritarios que ha demostrado constantemente su falta de respeto por la democracia y su disposición a atacar o devaluar las instituciones que la sustentan para obtener beneficios.
Así que es evidente que no dudarán en volver a hacerlo si creen que su permanencia en el poder está en juego, como parece haber sucedido tras la irrupción de Pablo Iglesias y Podemos, en la escena política española tras las últimas elecciones europeas. Sólo que está vez, el ardid, ese cambio de las reglas de juego en pleno partido que proponen, no les a a servir de nada.
Más bien al contrario. Si, de verdad, el PP sigue adelante con este propósito, su derrota en las próximas citas electorales tendrá una magnitud mucho mayor de la que ahora se desprende de la lectura de las últimas encuestas. Simplemente, porque hará posible la convergencia del voto de izquierdas. Algo que hasta que Rajoy desveló su plan de perpetrar un ‘pucherazo’ para beneficiar a su partido, no parecía nada fácil de conseguir.
Ante la necesidad imperiosa de reconquistar las instituciones democráticas y expulsar a la ‘casta’ regresará la idea del voto útil y, las opciones, que más claramente se han distinguido por su enfrentamiento frontal con los defensores del actual orden establecido se verán beneficiadas por las urnas.
De modo que, en contra, de lo que parecen esperar los asesores del presidente del Gobierno, el PP va a dejar de ser el partido más votado en un buen porcentaje de grandes capitales de provincia. Hasta tal punto que, las elecciones locales del próximo año pueden ser el principio del fin para este partido, cuya credibilidad hace mucho tiempo que está por los suelos.
Y, ¿qué pasará con el PSOE de Pedro Sánchez? ¿Podrá salir vivo del endiablado escenario político que parece dibujarse en el horizonte? La verdad es que lo tiene difícil. Sobre todo, porque, en contra de lo que han pretendido hacernos creer algunos medios de comunicación tradicionalmente afines a este partido y que, actualmente, se han convertido en férreos defensores del bipartidismo, el nuevo secretario general del PSOE no goza de predicamento suficiente entre los votantes de izquierdas y, por lo tanto, no podrá beneficiarse del aumento de la indignación que se ha producido en los antiguos caladeros del voto socialista.
Entonces, ¿quién será el afortunado? Aunque la respuesta a esta pregunta está, casi seguro, en la mente de todos, será mejor dejarla en el aire por ahora. Hay unos cuántos procesos en marcha que, tal vez, podrían cambiar en muy poco tiempo el panorama político actual. Como ha declarado recientemente Ada Colau, otra de las figuras emergentes con las que será necesario contar, esa posible reforma de la ley electoral «refuerza la idea de que quienes apuestan por la democratización de las instituciones deben unir fuerzas».
De modo que finalmente, quizá Mariano Rajoy sea, contra todo pronóstico, la persona a la que habrá que agradecer en el futuro la deseada unidad de acción de las fuerzas progresistas. Esa que los personalismos y las diferencias entre líderes han impedido durante años.
Aunque, a lo mejor, la deseada convergencia no se produce gracias a una fusión de siglas. Lo mismo es el resultado final de un nuevo, y ya casi definitivo, terremoto, que vuelva a tener su epicentro en las urnas. El lugar donde reside la democracia. Ni más, ni menos.
