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Un sindicato de Justicia exige dimisiones por el fallo en LexNet y pide pasar su control al CGPJ

Rafael Catalá, ministro de Justicia
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Rafael Catalá, ministro de Justicia

STAJ reclama que se “depuren responsabilidades” y que Catalá informe de hasta “qué punto” se han vulnerado los datos personales de los funcionarios.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha exigido la dimisión de los máximos responsables del fallo de seguridad en LexNET producido el pasado jueves y han propuesto que la gestión y el control de dicha plataforma pase a manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un comunicado recogido por Europa Press este sindicato afirma que todos los sistemas de comunicaciones de LexNet han sido “un verdadero martirio”, ya que se implantaron sin la formación adecuada de los funcionarios y con ordenadores y sistemas informáticos de gestión “pleistocénicos”.

El STAJ ha enviado un escrito al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el que recuerda que en diversas ocasiones han denunciado la “exasperante lentitud, falta de capacidad, problemas con las firmas digitales, coexistencia con otros sistemas informáticos usados en la Administración de Justicia” de la puesta en marcha y funcionamiento de este sistema informático.

Ante el “fiasco en materia de seguridad descubierto en el sistema la última semana”, el sindicato ha reclamado al titular de esta cartera que “se depuren las responsabilidades políticas que en cualquier país avanzado se asumen”. En este sentido, han solicitado a Catalá información para conocer hasta “qué punto” los datos personales de los funcionarios han sido vulnerados con el fallo de seguridad.

“Este agujero negro en su gestión está siendo objeto de publica chanza, llegando irónicamente a relacionar malintecionadamente el asunto con los mediáticos casos enjuiciados en la actualidad”, destaca STAJ en este escrito en el que defiende traspasar la gestión y control de LexNet al CGPJ.

Por otro lado, también ha presentado una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, según la mencionada agencia, para que se dirima si se ha podido producir una vulneración de la intimidad de las personas.

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