El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no aclara si las empresas que llevaron a la quiebra a las autopistas de peaje podrán presentarse de nuevo cuando se vuelvan a licitar. Algo que podría suceder a finales de 2018. Preguntado en una entrevista a El País por si podría darse esta situación, el titular de esta cartera se limita a responder que la “licitación se tiene que hacer como marca la ley, con un procedimiento abierto y un concurso público”.
Dicho esto De la Serna explica que “los pliegos de las nuevas licitaciones, van a ser muy restrictivos y, obviamente, el riesgo de las previsiones de tráfico y el de los sobrecostes por las expropiaciones no forman parte ya de este proceso”. El ministro defiende que este proceso se hará con “unas condiciones y con un rigor y una transparencia absoluta para que haya el mayor grado de control que evite que esa situación se vuelva a producir”.
Lo que sí está claro es que el Consejo de Ministros aprobará este viernes en su última reunión antes del verano un convenio para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (SEITTSA) asuma la gestión de esas autopistas. Y lo haga, según el titular de Fomento, “durante el periodo desde que reviertan al Estado hasta que se vuelvan a licitar”. “Nuestra vocación no es renacionalizar esas autopistas sino poder volverlas a poner en el mercado”, afirma el ministro, que cifra el coste del rescate “sustancialmente por debajo” de los 3.500 millones de euros.
El convenio que se aprobará esta semana permitirá que SEITTSA, que es una sociedad pública, realice los estudios de tráfico y de demanda, así como de viabilidad, que se someten a información pública. Tras esto, continúa De la Serna, “elaborará los pliegos y la auditoría de situación de cada una de las autopistas”. Todo para que preparar a partir de ahí las condiciones de la relicitación y que a finales de 2018 “se puedan volver a ponerse en el mercado”.
Respecto a aquellas autopistas de peaje que se concedieron en los años 70 y 80, que están próximas a vencer, el titular de Fomento ha negado que se vaya a prorrogar el contrato actual. “No se va a ampliar el periodo concesional para el concesionario actual y a partir de ahí las autopistas revertirán al Estado”, afirma De la Serna, que admite en esta entrevista en el diario de Prisa que no se ha tomado ninguna decisión sobre qué hacer con esas vías.
Su intención es abodar esta cuestión dentro del Acuerdo Nacional por las Infraestructuras que se ha impulsado con todos los grupos políticos.
