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Las irregularidades en los contratos públicos provocan pérdidas de 20.000 millones anuales

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Trabajador (Foto: Jaime Pozas)

El modelo de contratación -opaco e ineficiente- le convierte en un foco de corrupción y un lastre para las cuentas públicas, según Transparencia Internacional.

Al menos 20.000 millones de euros le cuestan al bolsillo de los españoles las deficiencias del modelo de contratación pública en España, según un estudio elaborado por Transparencia Internacional y el Observatorio de Contratación Pública (OCP) que califica el sistema de “opaco e ineficiente, cualidades que le convierten, en la actualidad, en el principal foco de corrupción de nuestro sistema y en el mayor lastre para las cuentas públicas”.

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio elaborado por Transparencia Internacional y el Observatorio de Contratación Pública (OCP) del que se hacen eco tanto eleconomista.es como elindependiente.com, un informe que denuncia algunos de los aspectos más sangrantes que muestran la falta de transparencia en la adjudicación de obras y servicios, que deriva en un problema en la eficacia de los procesos y en la ejecución de los contratos mismos.

Eleconomista.es recoge las declaraciones de José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo y presidente del OCP, que reconoce que la cifra real de las pérdidas que suponen las irregularidades en las licitaciones seguramente será superior a los 20.000 millones, puesto que, a pesar de estar obligadas por ley a publicar todos los contratos y licitaciones en la Plataforma, las Administraciones están remitiendo únicamente alrededor del 30% de los procedimientos.

Mientras que elindependiente.com destaca la cifra que aporta Gimeno de que “en España hay más de 20.000 entes públicos contratantes, pero sólo 4.000 de ellos publican los contratos adjudicados en una plataforma como exige la ley”. Y de que al 40% de todos los contratos públicos de España acude un único licitante”.

A ello hay que sumar que los contratos menores y los negociados sin publicidad no están sometidos a la exigencia publicación, lo que incrementa aún más las dudas por la imposibilidad de ejercer sobre ellos una fiscalización real efectiva.

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