Los despachos de abogados comenzaron a movilizarse ayer para defender a los accionistas de Banco Popular que despertaron ayer con la amarga noticia de que habían perdido todo su dinero tras la intervención del banco, por parte de las autoridades europeas, y su posterior venta al Santander por un euro.
Algunos bufetes han señalado ya que el grueso de los inversores no recuperará su dinero, aunque sí advierten grietas por las que podrían prosperar algunas demandas. LEAN Abogados, por ejemplo, ve algunos casos en los que sí se podrá reclamar judicialmente. Es el caso de los accionistas que suscribieron en la ampliación de capital realizada en mayo de 2016 por importe de 2.500 millones de euros. El motivo sería que las cuentas utilizadas para realizar la ampliación no eran correctas, según explica Ignacio de Azúa, de Lean.
Así lo puso de manifiesto el propio Banco Popular a la CNMV en un hecho relevante fechado el pasado 3 de abril, tras advertir, tanto la Comisión de Auditoría de la entidad como los auditores externos, de la existencia de una serie de errores en las cuentas que sirvieron de base para realizar la mencionada ampliación.
También podrán demandar los inversores minoristas a quienes les comercializaron los Bonos Convertibles bajo la apariencia de productos de renta fija.
Una plataforma de afectados por los ‘bonos Popular’ también señala que aquellos que compraron bonos subordinados, obligaciones subordinadas y similares que se transformaron en acciones en diciembre de 2015 o fechas anteriores, podrán reclamar por su inversión.
¿A quién reclamar?
Otra de las cuestiones clave es quién se haría cargo de los costes de los posibles litigios legales de accionistas o bonistas. Ana Botín, preguntada ayer por esta cuestión, señaló que no contempla ninguna medida de compensación ni para los accionistas minoristas ni para los institucionales. El Santander recordó que las pérdidas son resultado de la intervención por parte de las autoridades europeas y españolas (el SRB y el FROB) después de que el BCE decretase que el Popular era inviable. Es decir, que cuando el banco compró el Popular las acciones valían ya cero euros.
De este modo, las demandas quizás podrían dirigirse a las autoridades europeas, aunque también podría haber litigios contra los antiguos gestores, el auditor (PwC) o los supervisores.
