La plataforma Madrid en Transporte Público avisa a Ignacio González que o crea este abono social o se enfrentará a la “desobediencia civil” de los madrileños. Sus integrantes denuncian que mientras que las tarifas son más y más abusivas, el servicio es cada vez peor y mayores los recortes. Los madrileños parecen dispuestos a no cesar en sus protestas hasta conseguir que Ignacio González apruebe la creación de un abono transporte social para parados y familias sin recursos. Así queda de manifiesto ante la nueva movilización convocada por la plataforma Madrid en Transporte Público para este sábado, una concentración en pleno centro de la capital con la que quieren dejar claro al presidente del Gobierno regional que o da su visto bueno a este abono social o se enfrentará a una “desobediencia civil”.
Esta plataforma, formada por Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, PSM, Juventudes Socialistas, EQUO, los sindicatos Solidaridad Obrera, UGT y CCOO, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y el colectivo Juventud sin Futuro, entre otros muchos, ha convocado una concentración este sábado 12 de abril a partir de las 11.30 horas en la Plaza Cabestreros (Metro Lavapiés) para exigir la creación de un abono que no discrimine a los colectivos más desfavorecidos, como lod desempleados, las familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional o los niños menores de 13 años.
Madrid en Transporte Público se queja de que “las tarifas son abusivas” y que “los recortes son cada vez mayores” mientras “el servicio es cada vez peor”. Una situación que afecta directamente a colectivos como los desempleados o las familias con pocos recursos, que “no pueden coger el coche y el transporte público les supone una estafa”. El colectivo recuerda que este servicio “ya lo pagamos” los madrileños “con nuestros impuestos” y afirma que por ello “tenemos derecho a desplazarnos”, por lo que han decidido salir de nuevo a las calles para exigir un abono social.
Un llamamiento que la plataforma extiende al conjunto de la ciudadanía de Madrid, a la que invita a quejarse de que el Gobierno regional siga “invirtiendo en redes viarias privadas” y no se preocupe de que “el transporte público sea accesible para todos”, cuando se trata de “una herramienta básica para el buen funcionamiento de las ciudades”.
“Vamos a luchas juntos por el transporte publico madrileño y lo vamos a conseguir”, anima el colectivo, que critica la negativa del Ejecutivo autonómico a la petición registrada por las organizaciones que componen la plataforma el pasado mes de febrero en este sentido.
Concretamente, y según recoge la FRAVM en su página web, en su respuesta con fecha de 26 de marzo el propio Consorcio de Transportes reconoce que “según los datos reflejados en la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al año 2012 del Instituto Nacional de Estadística” y, excluidas las personas menores de 18 años y a los mayores de 65, que tienen a su disposición el actual abono de la tercera edad, con un “precio muy bonificado”, el número de personas que podrían utilizar el denominado Abono Transporte Social “estaría en torno a 750.000”.
No obstante, se quejan los vecinos, “a pesar del alcance de la precariedad que impide a miles de personas hacer uso del transporte público, la respuesta del Consorcio a la creación de este abono es negativa”. La FRAVM explica que lo hace alegando que de los más de 2.000 millones de euros que abona a los diversos operadores (Metro, EMT, Renfe o interurbanos) para sufragar sus costes, “alrededor de 1.000 millones proceden de los usuarios a través de los diversos títulos de transporte”, mientras que los restantes 1.000 millones “son aportados por las diversas Administraciones”.
Por este motivo, y dado que “el usuario paga la mitad del coste real del transporte”, “incorporar a 750.000 nuevos usuarios que no generarían ingresos supondría que las Administraciones tendrían que incrementar sus subvenciones al transporte en 100 millones”, una circunstancia “absolutamente inviable” por el “actual marco de estabilidad presupuestaria que limita el déficit de las Administraciones”.
Una justificación contra la que carga duramente Madrid en Transporte Público, que recuerda que “lo único que están logrando la política de constantes incrementos de las tarifas y los recortes, así como el deterioro del servicio, es la expulsión de miles de usuarios que renuncian al uso del transporte público, con la consecuente caída de ingresos”, por lo que volverá a salir a la calle para exigir al Consorcio que cree un abono social que “garantice el derecho a la movilidad y la búsqueda activa de empleo de las personas afectadas por la crisis”.
