La Comunidad de Madrid ha dejado el servicio de lavandería de estos centros en manos de Flisa, y según denuncian los sindicatos la ropa llega sucia y en malas condiciones. Las privatizaciones de Ignacio González están, una vez más, en el punto de mira. Tras la polémica que han provocado sus planes para los hospitales públicos, ahora es su decisión de dejar en manos de Flisa (filial de la Fundación ONCE) la lavandería del Servicio Regional de Bienestar Social, del que dependen residencias de ancianos y centros de atención a personas con discapacidad, la que ha suscitado las críticas de los sindicatos, que denuncian que la ropa llega sucia y en malas condiciones. Da la casualidad que esta empresa también gestiona la Lavandería Central Hospitalaria.
En una nota, CCOO ha denunciado la pérdida de calidad del servicio de lavandería de 27 centros pertenecientes al Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS) desde que el gerente de este organismo, Américo Puente Berenguer, dejó su gestión en manos de Flisa. La empresa se encarga desde el pasado mes de diciembre de la limpieza de la ropa plana (sábanas, toallas y manteles), algo que según el sindicato podría hacerse perfectamente en los centros porque cuentan con la “infraestructura” y el “personal necesario” para ello.
CCOO afirma que la privatización acometida por el gerente de la entidad encargada de las Residencias de Personas Mayores, los Centros Ocupacionales y los Centros de Atención a Personas con Discapacidad, que a su vez depende de la Consejería de Asuntos Sociales que dirige Jesús Fermosel, no ha hecho más que “empeorar el servicio”, porque “la ropa llega sucia, deteriorada y mal planchada a los centros”.
Aunque los problemas no acaban ahí, ya que el sindicato dice haber detectado también que “se está agotando el stock de ropa de los centros” porque la adjudicataria “no devuelve todas las prendas que se lleva para su tratamiento”, que la empresa “incumple los horarios de recogida y entrega acordados”, y que incluso se ha incrementado el gasto público en compra de material y en adecuación de los centros tras esta privatización. Algo que, para CCOO, pone de manifiesto que la decisión del gerente del SRBS, tomada de forma “unilateral” y “en contra del criterio” de los representantes de los trabajadores, “sólo beneficia a la empresa concesionaria”.
“Esta decisión ha supuesto un deterioro del servicio y un incremento del gasto con respecto al anterior modelo, en el que este servicio era prestado directamente por los centros con personal y recursos públicos”, dice CCOO, que ha criticado la postura de Puente Berenguer al conocer la denuncia de las organizaciones sindicales, ya que según afirma el gerente negó los problemas y lanzó acusaciones de sabotaje por parte del personal de los centros.
No obstante, este sindicato no ha sido el único en denunciar la pérdida de calidad del servicio de lavandería tras la privatización. Tan solo un mes después de que Flisa empezase a gestionar el servicio UGT cargó contra el “caos” en la organización, los horarios y el reparto de tareas que había traído consigo esta externalización. Incluso, afirmó que la empresa no estaba cumpliendo con el pliego de condiciones porque había asumido “tantas cosas” que la gestión de la lavandería del SRBS le resultaba “inabarcable”.
El sindicato se refería a que la empresa había empezado a gestionar casi al mismo tiempo la lavandería del SRBS y la Lavandería Central Hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Esta última privatización suscitó numerosas críticas y propició diversas protestas de la plantilla, que estuvo más de un mes en huelga por las rebajas salariales que planteaba la empresa.
Ambas organizaciones sostienen que la privatización llevada a cabo por el Servicio Regional de Bienestar Social es una muestra más de las intenciones del PP, que propicia una “infrautilización consciente de los recursos públicos para favorecer a las empresas”, en este caso a Flisa, a la que paga más de 3 millones de euros por la recogida, limpieza y entrega de la ropa alegando que es “más barato” que proceder a su lavado en cada centro del SRBS. Los sindicatos no comparten esta postura, y tras los problemas detectados exigen al Gobierno de Ignacio González que recupere el modelo “que funcionaba en los centros hasta hace solamente dos meses”.
