Facua y la OCU han rechazado este viernes la posible privatización del Registro Civil y han advertido de que algunos trámites pueden pasar a ser de pago. Facua-Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han rechazado este viernes la posible «privatización» del Registro Civil y han advertido de que algunos trámites que ahora son gratuitos podrían pasar a ser de pago.
Las organizaciones de consumidores se basan en un hecho. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha entregado el Registro Civil a los registradores de la propiedad, los colegas de profesión del presidente Mariano Rajoy. El decano de estos profesionales ha sido el encargado de dar a conocer a sus colegas por carta la privatización de este servicio público, que según los cálculos que hizo el año pasado el CSIF, engordará el negocio de los registradores en unos 180 millones de euros más al año.
Ante la posibilidad de que el Gobierno ponga las funciones del Registro Civil en manos de los registradores de la propiedad, las dos asociaciones han expresado su preocupación en sendos comunicados. La OCU ha dicho estar «totalmente en contra» de ese cambio y ha subrayado que «los servicios prestados, al ser de carácter obligatorio para el ciudadano, deben seguir siendo gratuitos».
Facua, por su parte, ha pedido al Gobierno que aclare quién asumirá el coste de inscripciones o certificaciones de trámites como matrimonios, nacimientos o defunciones, que hasta ahora se financiaban a través de los impuestos, y ha apuntado que la reforma podría «esconder el pago de trámites que pasen desapercibidos en un principio para la ciudadanía».
Incertidumbre
Tras criticar la «falta de información y consulta» a agentes sociales como las asociaciones de consumidores para la redacción de la reforma, algo que, a su juicio, está creando «incertidumbre», Facua ha exigido al Ministerio la «completa retirada» del plan y ha lamentado la «incapacidad» del Gobierno para «gestionar los recursos públicos».
Para la OCU, es necesaria «una profunda reforma del sistema notarial y registral» que pasa por que tanto notarios como registradores sean funcionarios del Estado «con el mismo régimen que el resto de funcionarios, cobrando un sueldo público y no facturando directamente a los consumidores a través de un arancel» que, según ha indicado, «interpretan en su propio beneficio».
Asimismo, ha reclamado la integración del catastro y del registro de la propiedad en una sola institución, en línea con lo que ocurre en otros países de la Unión Europea.
