Ecologistas en Acción afirman que el futuro director de Parques Regionales hizo el informe que permitió a Carmen Cafranga establecer un negocio de bodas y banquetes en La Muñoza. Ecologistas en Acción critica duramente la gestión de los espacios naturales protegidos de Madrid que está haciendo el Gobierno de Ignacio González.
Denuncia este colectivo que desde que empezó el año los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid han perdido protección, el Parque Natural de Peñalara ha desaparecido, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares ha visto reducida su superficie y advierte que su director, los mismo que los directores del Parque Regional del Sureste y del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, han perdido todas sus competencias.
Según ecologistas, al mismo tiempo se han creado dos nuevos cargos que concentrarán las funciones de gestión y administración de todos los espacios protegidos, dos personas que serán nombradas por el director general del Medio Ambiente, Ricardo Riquelme.
Aunque aún no ha sido nombrado, Ecologistas dice en su página web que “el director-conservador del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid, será Pablo Sanjuanbenito, actual jefe de área de Desarrollo del Plan Forestal. Una persona carente de experiencia en gestión de espacios protegidos y con un currículum poco ilusionante por haber informado favorablemente actuaciones tan polémicas como la transformación en hotel de lujo del antiguo albergue de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara en el valle de la Fuenfría (Cercedilla), actualmente paralizado por orden judicial».
Y aseguran que “como director de Parques Regionales todo parece apuntar que será nombrado Pedro Castaño, hasta ahora subdirector general de Gestión y Ordenación de Espacios Protegidos y autor, entre otros, de los informes que permitieron a la socia de la mujer de Ignacio González establecer un negocio ilegal de bodas y banquetes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en la finca La Muñoza”.
Ecologistas en Acción considera que estas modificaciones son completamente ajenas a la mejora en la gestión de los espacios protegidos. Más bien parecen responder al deseo de concentrar las decisiones en personas afines a cargos políticos, reduciendo al máximo posibles discrepancias que perjudiquen sus intereses. Por ello, de seguir en esta línea, la protección en la Comunidad de Madrid será sólo un recuerdo.
Además, hacen notar que con las últimas modificaciones legales se autoriza toda una serie de usos urbanísticos, hosteleros y turísticos -hasta ahora no permitidos- en todos los parques regionales.
