La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso ante el TSJM para que anule el copago en las farmacias de los hospitales, despúes de recibir una negativa por parte del Ministerio de Ana Mato. La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que revoque o anule el copago en las farmacias de los hospitales aprobado por el Gobierno después de haber recibido una respuesta negativa por parte del Ministerio de Sanidad a su requerimiento.
«Ante la respuesta negativa del Ministerio de Sanidad al requerimiento formal presentado el pasado mes de octubre, el Gobierno de Castilla y León ha decidido emprender acciones judiciales para solicitar la paralización de esta medida», ha explicado este viernes la Junta en un comunicado recogido por agencias.
La Junta precisa en su recurso que «solicita como medida cautelarísima la suspensión de la Resolución de 10 de septiembre de 2013, por tratarse de circunstancias de especial urgencia» y considera además que la suspensión debería producirse en todo el Sistema Nacional de Salud.
«Impedir» la aplicación del copago el 1 de enero
El recurso advierte «las dificultades para implantarlo en la fecha señalada y las desigualdades que esta medida generaría entre las distintas comunidades«, ha argumentado la Junta.
«No se han aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea», ha añadido al respecto.
Por ello, «vista la cercanía de esa fecha y a los efectos de impedir el inicio de la aplicación a fecha 1 de enero de 2014, así como su aplicación por cada comunidad autónoma de modo divergente, es imprescindible la inmediata adopción de la medida cautelar», ha subrayado el Ejecutivo de Castilla y León.
«La aplicación de la resolución generará distorsiones y desigualdades en el acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en los hospitales, distintas aportaciones en función del medicamento elegido, pudiendo influir incluso en los criterios de selección del médico en función de la situación económica de cada paciente», ha advertido.
Pacientes que no pueden abandonar sus medicamentos
La Junta ha cuantificado en 8.453 el número de pacientes afectados en Castilla y León por esta medida, con un impacto máximo de 200.000 euros anuales, en torno al 0,07% del gasto farmacéutico hospitalario. Por ello, ha considerado que «suspender la aplicación de la Resolución no va a provocar daño alguno».
Al respecto, ha destacado que «ni puede considerarse que tenga una finalidad recaudatoria tendente a mejorar las cuentas públicas en las que los gastos sanitarios son un componente fundamental, ni que tenga una finalidad disuasoria, pues hablamos de pacientes crónicos que no pueden ni deben abandonar sus tratamientos«.
Además, en el recurso se considera que la suspensión solicitada como medida cautelarísima debe producir sus efectos en todo el Sistema Nacional de Salud.
De este modo, se solicita también la adopción de medida cautelar al considerar infracción del principio de igualdad en la prestación farmacéutica para todos los ciudadanos en todo el Sistema Nacional de Salud, «infracción que se deriva de la falta de certeza de la fecha de implantación de la medida por comunidades autónomas».
«La Resolución es nula de pleno derecho al haberse adoptado por un órgano manifiestamente incompetente» y «por carecer del rango normativo exigido», ha concluido la Junta.
