CCOO denuncia que el mes pasado se ejecutaron 687 condenas por falta de pago y mensualmente se hacen entre 4.000 y 5.000 propuestas de corte de suministro. CCOO denuncia “la ausencia total de servicio público y de amparo al ciudadano” por parte del Canal de Isabel II, “que ha radicalizado su campaña de condenas y cortes de suministro de agua por el impago de una sola factura de consumo”.
El sindicato estima que “este año el incremento de cortes de agua ha aumentado en un doscientos por cien, lo que significa que se está dejando a un número considerable de ciudadanos sin el suministro básico de agua” y denuncia que “la campaña de cortes de suministro y condenas por falta de pago se ha intensificado escandalosamente desde septiembre” facilitando el dato de que “en noviembre se ejecutaron 687 condenas cuando en agosto no fueron ni 200”.
Señala la organización sindical que “mensualmente se están haciendo entre 4.000 y 5.000 propuestas de corte de agua” y alerta que “a partir de la primera factura sin pagar se puede producir el corte de suministro en cualquier momento” haciendo notar que os gastos que se derivan de estos cortes de agua pueden sobrepasar los 250 euros, que es el coste mínimo que conlleva el restablecimiento del servicio.
Otro dato importante, a juicio de CCOO, es el aumento de las solicitudes de fraccionamiento de pago de las deudas, que lleva implícito el pago de un 4% de interés. Solo en el mes de octubre hubo 1.300 concesiones de aplazamiento de pago, que supone casi el doble de las que se concedieron en total para el año 2007.
Y el todo ello en paralelo “a la inauguración de la millonaria exposición sobre el piloto Fernando Alonso, cuyo coste alcanzó los dos millones de euros”, tal y como critica el sindicato.
Y concluye que “como contrapartida a este sinsentido los madrileños vienen sufriendo además de una férrea política de fraude dirigida de manera exclusiva al pequeño consumidor, una disminución sustancial en cuanto a las bonificaciones por ahorro de consumo y una escasa o nula adaptación de la bonificación por exención social a la realidad de las economías familiares, que apenas ampara a 600 contratos en toda la Comunidad de Madrid para aquellas familias que se encuentren en situación de extrema necesidad”.
