El sindicato CSIF señala que «la palabra del Ministerio de Justicia ha quedado desautorizada y vacía de contenido». “El Ministerio de Justicia se ha burlado del colectivo de funcionarios que prestan servicio en esta administración”. Así de tajante se muestra CISF tras la decisión del departamento de Alberto Ruiz Gallardón de anular anoche, “de manera sorpresiva”, la devolución de los tres días de libre disposición de estos trabajadores públicos, conocidos como ‘moscosos’, en compensación por el incremento de las cargas de trabajo y el déficit de personal.
En un comunicado, el sindicato mayoritario entre los funcionarios denuncia que esta rectificación se ha producido “con nocturnidad”, al haberse producido a través de un comunicado de prensa y sin informar a los representantes de los trabajadores, “dos días después de haberse promulgado y curiosamente, después de que CSI-F anunciara la devolución de los ‘moscosos”.
De ahí que aseguren que esta anulación ha sido improvisada y refleja “la descoordinación de los diferentes ministerios”. Por ello, desde CSIF se exige “que se asuman responsabilidades al más alto nivel”. “La palabra del Ministerio de Justicia ha quedado desautorizada y vacía de contenido después de esta decisión, que refleja la escasez de peso político de este departamento”, remarcan desde este sindicato.
Asimismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios recuerda que “mientras se anula la devolución de estos días libres, se mantiene otra instrucción firmada ese mismo día por la que se conceden también tres días a los secretarios judiciales, salvo que ahora también decidan anularla”.
Por si esto no fuera bastante, magistrados, jueces y fiscales gozan desde el año pasado de 9 días libres acumulables a los asuntos particulares.
Todo esto hace que, CSIF insista en que “los empleados públicos no se merecen este trato por parte del Gobierno” y reclama “respeto y coherencia”, ya que seguirán “trabajando para la recuperación de todos los derechos injustamente arrebatados a todos y cada uno de los empleados públicos de este país, por un real decreto de cuya legalidad ya dudan muchos tribunales de justicia”.
