El Acuerdo Marco ha sido suspendido después de que hasta 66 empresas denunciaran a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo que hubo irregularidades en el procedimiento. El Acuerdo Marco que promueve el Ministerio de Empleo, para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y sus equivalentes autonómicos puedan ayudar, a través de las empresas de colocación, a la inserción laboral de parados de larga duración ha sido suspendido.
Según El Economista, algunos de los candidatos habían presentado recursos ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo pidiendo la paralización cautelar del proceso por supuestas irregularidades. Además, los plazos para la licitación pública ya se habían retrasado.
Algo fundamental, porque en el Acuerdo Marco los plazos eran muy importantes, ya que parte de la financiación procede de la UE y de sus programas de 6.000 millones para ayudar a países donde el paro es muy alto, a España le correspondería 1.500 millones. El Gobierno, que aprobó este acuerdo en pasado 2 de agosto, tenía la intención de que estuviera en marcha antes de que finalice el año.
En un principio, se esperaba que se abrieran los sobres de las ofertas el 17 de septiembre y el 15 de octubre. Sin embargo, después se trasladaron al 23 de septiembre y al 29 de octubre. Pero, según Info Libre, un Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha suspendido el concurso público para contratar privadas de colocación.
El mismo diario asegura que un total de 66 empresas habían presentado recursos contra la adjudicación por irregularidades en el procedimiento. Estas compañías decían que la cartera de Báñez había cambiado los criterios de solvencia financiera y técnica tras cerrarse el plazo de solicitudes.
Además, acusaban a Empleo de haber favorecido a las grandes ETT, en detrimento de la Unión Temporal de Empresas (UTE), ya que, con los nuevos criterios, el 70% de las UTE quedaban “excluidas”. Estas mismas denunciantes afirmaban que las ETT cobrarán entre 300 y 3.000 euros por encontrar trabajo a los parados y un plus del 15% por delatar a los que perciban indebidamente la prestación.
