El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, vinculado al PP, ha ordenado que todos los recursos contra la externalización de seis hospitales sean analizados por una instancia que él controlará. Los médicos no ven con buenos ojos que el presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Gerardo Martínez Tristán, vaya a decidir sobre la privatización de hospitales impulsada por Javier Fernández-Lasquetty. Este juez está vinculado al PP, ya que es marido de la consejera de Fomento de María Dolores de Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha, por lo que el colectivo se plantea recusarle, igual que ha anunciado que hará el PSM, y llevar el caso ante el CGPJ.
Así lo ha indicado a EL BOLETÍN José Luis Muga, uno de los socios del bufete de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), el Estudio Jurídico Liria. Según este abogado, los médicos están estudiando la posibilidad de recusar al juez, aunque “todavía no hay nada decidido”.
Muga ha explicado que las recusaciones no son fáciles de ganar, y ese es el motivo por el que se está valorando tan detenidamente esta opción. En todo caso, ha dicho, habría dos formas de hacerlo: por un lado, como ha anunciado que hará el PSM, es decir, recusar al juez para que no forme parte del proceso por sus intereses indirectos. Esta decisión correspondería al Pleno del TSJM, compuesto por 50 magistrados y que será el que decidirá sobre las privatizaciones de acuerdo con el auto dictado por Martínez Tristán.
Por otro lado, el letrado de AFEM ha indicado que se podría hacer una recusación por el Acuerdo que se ha dado a conocer -el que ordena que todos los recursos contra la externalización de los hospitales sean analizados por una instancia controlada por el magistrado vinculado al PP-, aunque este es aún más difícil de ganar, por lo que “en todo caso, se optaría por la primera opción”, ha confirmado.
Asimismo, Muga ha señalado que los médicos también están valorando la posibilidad de presentar un “recurso de alzada contra este Acuerdo del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM”. “Todavía no es seguro” que vaya a hacerse, ha insistido el abogado, que ha explicado que esta acción iría directamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debería decidir si lo admite o no a trámite, y en caso de hacerlo, resolver si hay “razones de fondo que vicien ese Acuerdo”.
El abogado ha remarcado que la decisión de este juez del TSJM es “completamente extraordinaria” porque no es el proceso habitual que se sigue en este tipo de casos, cuando hay varios recursos con el mismo objeto. Cuando ocurre algo así, ha dicho Muga, la “tramitación sigue en manos de las mismas personas y la decisión no corresponde al Pleno del Tribunal, como pasará ahora”, porque hay otras opciones previstas en la legislación de lo Contencioso-Administrativo.
El letrado del Equipo Jurídico Liria ha recordado que para estos casos se puede bien aunar todos los recursos y tramitarlos en una sola sección, dejando que sean los mismos jueces que llevaban el proceso los que decidan sobre el mismo; o bien tramitar el primer recurso, o los que se consideren preferentes, hasta que se dicte sentencia, y después comunicar la decisión al resto de secciones que se hayan encargado del resto de los recursos.
“El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo no acude a la ley prevista, sino a la ley orgánica del Poder Judicial para justificar su decisión” y dejar el caso en manos del Pleno del TSJM, ha insistido Muga, que ha recordado que hay dos recursos de la Comunidad de Madrid contra la suspensión de las privatizaciones que aún quedan por resolver.
Concretamente, se trata del recurso presentado contra la decisión del el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, que debe resolver el TSJM, y otro contra la decisión de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que queda en manos del Pleno de este tribunal.
