El juez Elpidio José Silva se ha defendido hoy atacando al fiscal que presentó una querella contra él y ha afirmado que su confianza en la justicia es “relativamente escasa” en base a su propia “experiencia”. El juez Elpidio José Silva, quien instruyó el ‘caso Blesa’ contra el expresidente de Caja Madrid y sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), se ha defendido hoy atacando al fiscal que presentó una querella contra él y ha afirmado que su confianza en la justicia es “relativamente escasa” en base a su propia “experiencia”.
“El fiscal que a mí me acusa está querellado ante el Tribunal Supremo por un delito de acoso institucional y trato denigrante a un juez que soy yo, de tal manera que organizamos en España este espectáculo tan divertido” que sería “complicado” explicar a un colega francés o británico, ironizó Silva, para después añadir que desconoce “a día de hoy qué motivos puede tener para querellarse” contra él el fiscal, según informa Europa Press.
En una entrevista en Antena 3 recogida por la citada agencia, el juez Silva ha manifestado que «nunca» en la historia judicial europea había ocurrido que «el fiscal que se querella contra el juez esté querellado por un delito de acoso».
En concreto, respecto a la Fiscalía de Madrid que interpuso una querella contra él por presunta prevaricación, ha subrayado que ésta «no conocía la causa» en ese momento, y ha destacado que «lo peor que puede hacer un fiscal es acusar en falso». «Si hubiera prevaricado, lo que tenía que haber hecho es denunciarme inmediatamente y no esperar más de un año a que la Audiencia Nacional le diera la razón», ha insistido.
Preguntado sobre si podría ser apartado de la carrera judicial, el magistrado ha dicho que no cree que vaya a ser inhabilitado y ha declarado que España «ha llegado a un punto en que ser imputado es casi una garantía de que uno no ha hecho nada».
«El nivel de fracaso de Fiscalía imputando a personas y fracasando después en las condenas es escandaloso. El que a mí Fiscalía me impute un delito es como todas las personas que pasan por mi juzgado. Fiscalía les imputa algo, yo archivo el procedimiento o dicto sentencia absolutoria», ha relatado.
No obstante, ha indicado que se le podrá inhabilitar o no y que ello dependerá del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo y del «juego del Derecho». «El Derecho es un juego procesal importante que afecta a muchos ciudadanos en cuanto a intereses y demás. En función de cómo se vaya ventilando el asunto se irá viendo lo que sucede», ha señalado.
Además, ha aclarado que ha sido «recusado a nivel formal», pero ha agregado que «una cosa es hablar con la boca y decir cosas y otra muy distinta es que uno lleve razón» y que dicha recusación «se está tramitando».
«Yo hoy debería estar trabajando en el juzgado y así no estaría aquí. Eso es lo que pasaría en cualquier país democrático. En España no», ha destacado Silva, para después agregar que su confianza en la justicia es «relativamente escasa».
Por otra parte, se ha referido al trabajo que ha desempeñado en los casos que afectan directamente a Miguel Blesa y a Caja Madrid. «Mi actuación en estos dos casos ha sido muy buena. Si no hubiera sido tan buena, yo no estaría aquí sentado hablando es esto. Eso es evidente», ha subrayado.
En referencia a la supuesta animadversión que se le ha atribuido hacia Blesa, el magistrado ha declarado: «Es imposible que yo pueda tener enemistad con una persona que ni conozco. Esto no entra dentro de lo razonable». Silva además ha rechazado tener «prejuicios» y ha recordado que durante su trayectoria ha trabajado «en todo tipo de zonas del país» dictando «más de 5.000 años de condenas en sentencias».
Sin embargo, ha alertado de que la justicia «no existe» cuando se concreta en determinadas personas que tienen «nombres y apellidos, son conocidas u ostentan cargos públicos». En esta línea, ha denunciado que el sistema está «perjudicado» por gente que «trabaja desde dentro», y cree que esto «hay que castigarlo».
Respecto a si volvería a enviar al expresidente de Caja Madrid a la cárcel, ha afirmado que «el ingreso de alguien en prisión no se basa en motivos subjetivos» y que no toma esta decisión porque se «llame fulanito o futanito» ni tampoco porque lo haya decretado anteriormente. Así, ha defendido la importancia de evitar «posibles manipulaciones de pruebas».
«Yo ingreso en prisión en función de determinados peligros o alertas que pueda haber para mi instrucción, del riesgo de fuga que se pueda producir o del pronóstico de pena previsible para esa persona. Si yo me pusiera a instruir otra vez la causa, como me imagino que tendría que hacer, tendré que tomar decisiones», ha dicho.
Por último, el magistrado ha denunciado que ha recibido presiones del sistema, desde las «predisciplinarias a través de funcionarios» hasta las «falsedades de fiscales» y el «episodio de acoso» que supone, a su juicio, la última querella presentada en su contra.
