El abogado del Estado presentó hoy, en el juicio contra Carlos Fabra, un documento en el que Anticorrupción demostraría que Jesús Posada se reunió con Vicente Vilar, empresario acusado en esta causa junto al expresidente del PP de Castellón.
En el escrito presentado por el abogado del Estado esta mañana en la primera sesión del juicio por el ‘caso Naranjax’ según, se reconoce que la Fiscalía Anticorrupción tiene contrastadas las reuniones que mantuvo Jesús Posada, actual presidente del Congreso y exministro Popular, con Vicente Vilar, principal acusado junto a Carlos Fabra, según informa Valenciaplaza.com.
Posada, siempre según estas fuentes habría mediado en la gestión de productos que se destapa en la presunta trama criminal que está siendo juzgada desde este miércoles en Castellón. Los productos de la empresa Naranjax, creada por Carlos Fabra y su ex mujer, María Amparo Fernández, fueron tramitados por esta compañía.
En el juicio, la Unión de Consumidores (UCE) ha expuesto, por su parte, que las reuniones entre Vilar, Fabra y Fernández fueron presididas «de forma inaudita» por Posada. Esta organización asegura que en las presiones y la gestión de los productos participaron como influyentes José María Aznar, Ana Botella, Miguel Arias Cañete, Celia Villalobos y Juan Costa con tal de dar salida a este material pese a las sospechas que existían sobre el mismo.
Javier Boix, letrado del expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha pedido en el juicio que la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, que ejerce de acusación popular, sea apartada del procedimiento al considerar que ocasiona una «acusación sorpresiva» que vulnera derechos fundamentales de su cliente, que está acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.
El abogado de Fabra ha argumentado que la jurisprudencia indica que el auto de procedimiento abreviado delimita la determinación de hechos punibles y la identificación de la persona a la que se imputan «y si una acusación se excede en la delimitación de los hechos punibles, ocasiona acusación sorpresiva».
Al respecto, ha señalado que la UCE alude al cobro de 11 millones de pesetas en 2011 por parte de Carlos Fabra «que no se recoge en el auto de procedimiento abreviado», mientras también se hace referencia a María Amparo Fernández –la exmujer del exdirigente ‘popular’ como acompañante de Carlos Fabra en todo lo que se relata–, «cuando no se dice nada en el procedimientos abreviado».
El letrado ha apuntado que todas las referencias que se hacen para configurar el tráfico de influencias que no están en el procedimiento abreviado constituyen la acusación sorpresiva, por lo que ha solicitado que la UCE sea apartada del procedimiento antes de continuar el juicio.
