El juez Marcelino Sexmero, que el pasado mes de junio imputó a los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes por las primeras privatizaciones de hospitales en Madrid, ha denunciado presiones de la Fiscalía para que abandone su investigación. Según un auto del magistrado, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le envió en agosto cinco informes en los que carga contra el instructor y le acusa de “formar una causa general” que está “prohibida en nuestro ordenamiento”.
Sexmero ha emitido un auto, del que se hace eco El País, para denunciar estas ‘presiones’ y explicar por que ha tenido que suspender los interrogatorios de los imputados a raíz de una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM), que causó gran revuelo porque denunciaba presuntas irregularidades cometidas en el proceso para externalizar la gestión de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Torrejón.
Entre otras cosas, los médicos especialistas acusaban a Lamela y Güemes de haber cometido varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, al beneficiar “los intereses de empresas privadas, en detrimento del sistema público”.
Tras recibir la querella, Sexmero impuso un calendario de interrogatorios que iba a comenzar este mismo viernes con las declaraciones de dos altos cargos de la Consejería de Sanidad (la viceconsejera Patricia Flores y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño), y que se extendería hasta el 2 de octubre con las comparecencias los exconsejeros Lamela y Güemes, así como los responsables de las empresas que se beneficiaron de la primera fase de las privatizaciones hospitalarias en la Comunidad de Madrid (Capio Sanidad -ahora IDC Salud-, la Fundación Jiménez Díaz, Ribera Salud, Unilabs y Asisa).
No obstante, estas citas han quedado suspendidas por varios motivos. El primero, dice el juez en su auto, porque no cuenta con “toda la documentación requerida por auto de 20 de junio pasado”. La Consejería de Sanidad que dirige Javier Fernández-Lasquetty ha reconocido que aún no ha mandado al magistrado la información que le solicitó. “Esta semana” se acabará de mandar la documentación, ha asegurado un portavoz a El País.
Aunque también ha contribuido el ‘trabajo’ del Fiscal. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid deja claro que su decisión también ha estado motivada por la “solicitud” formulada por la letrada de la Comunidad de Madrid para suspender los interrogatorios, y después de haber recibido cinco informes del Ministerio Fiscal en pleno mes de agosto.
En estos informes el fiscal, Salvador Ortolá, se adhiere a los recursos presentados por los imputados en los que solicitan que se cierren las diligencias, explica el magistrado Sexmero. Concretamente, el Ministerio público carga contra el juez y le acusa de “formar una causa general” que está “prohibida en nuestro ordenamiento”.
El Ministerio Fiscal, según recoge El País, considera que AFEM no ha acreditado ser ofendida o perjudicada por los hechos y que los hechos delictivos no se explicitan ni se atribuyen a personas concretas. Es más, indica que las diligencias que ha ordenado el juez -información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa- tienen “carácter prospectivo” y parecen encaminadas “a la búsqueda de algún descuadre”.
Unos movimientos que demuestran que la causa penal iniciada por los facultativos especialistas ha ganado peso. Los médicos saben que si esta querella llega ‘a buen puerto’ podrían paralizarse de inmediato las nuevas privatizaciones de hospitales auspiciadas por Lasquetty, sin necesidad de esperar a las decisiones judiciales del resto de recursos interpuestos por AFEM, ya que se han realizado bajo las mismas premisas, por lo que han decidido darle a la vía penal la importancia que se merece.
Y precisamente por eso AFEM ha cambiado de bufete de abogados. El colectivo ha fichado al Estudio Jurídico Liria para que se encargue de la batalla judicial que ha emprendido contra el consejero de Sanidad madrileño, que sustituye a López Rodó & Cruz Ferrer. Este último despacho elaboró el recurso que ha logrado la paralización cautelar del proceso, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid.
Según ha indicado a EL BOLETÍN Patricia Alonso, miembro de la Junta Directiva de AFEM, la decisión se tomó el pasado mes de julio al entender que necesitaban “mejorar la estrategia jurídica desde el punto de vista penal”. López Rodó & Cruz Ferrer era experto en “materia administrativa”, pero “con el peso que ha tomado la vía penal, queríamos mejorar la estrategia”, ha reconocido esta portavoz.
A finales de julio AFEM comunicó su decisión al que hasta ahora había sido su bufete, y como había que dar un mes de preaviso a López Rodó & Cruz Ferrer el cambio no se hizo efectivo hasta la semana pasada, ha explicado Alonso.
Los médicos han elegido al Estudio Jurídico Liria, que ya les llevaba el tema de las jubilaciones forzosas decretadas por la Comunidad de Madrid, porque son “abogados muy expertos en la materia”.
“Nuestra intención sólo es ampliar y mejorar la estrategia jurídica”, y el cambio se ha decidido “pensando en la mejor forma de conseguir el objetivo” de la paralización de las privatizaciones, ha concluido la portavoz consultada por este diario.
