El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado un toque de atención al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, al recordarle que puede paralizar el proceso de privatización de los hospitales madrileños independientemente de lo avanzado que esté.
Según señala la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) en una nota de prensa, los procesos judiciales siguen su curso a pesar de los mensajes desde la consejería de que la Justicia habría dado luz verde a las privatizaciones.
En ese sentido, el TSJ Madrid expresamente indica, cita la AFEM: “Adviértase a la Comunidad de Madrid que al no haberse pronunciado aún la Sala sobre la procedencia de adoptar o no las medidas cautelares –AFEM– solicitadas por la recurrente e impugnándose la convocatoria para la licitación y adjudicación de diversos contratos, los actos posteriores al impugnado se verían afectados en caso de acordarse las medidas cautelares solicitadas”.
Para la asociación, se trata de un “aviso a navegantes en toda regla que tiene un claro contenido admonitorio para que nadie pueda llamarse a engaño posteriormente”. El proceso privatizador está pendiente de formalizar las adjudicaciones, de constituirse las garantías definitivas y de formalizarse los contratos.
Todas estas decisiones resultarían afectadas y serían ineficaces si el TSJ Madrid finalmente considera que hay razones justificadas que obligan a suspender el procedimiento de privatización como único medio para tutelar y garantizar adecuadamente los intereses generales y la tutela judicial efectiva.
Ayer mismo, Lasquetty, anunció que espera que “en pocos días” se pueda firmar la adjudicación definitiva de la gestión indirecta de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, el del Henares, el del Sureste y el Tajo. El consejero detalló que esa firma se producirá cuando las empresas que optan a la privatización (HIMA San Pablo, Bupa Sanitas y el consorcio en el que está presente Sanitas), constituyan las respectivas sociedades concesionarias, acrediten estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y a la Seguridad Social y entreguen la fianza que recoge el pliego de condiciones
AFEM denuncia además que la Lasquetty está intentando desviar la atención y dilatar los procesos judiciales con diversas trabas. La última de ellas se habría producido, según AFEM, el pasado día 29 de julio de 2013 cuando, en vez de contestar a la petición de suspensión cautelar del procedimiento de contratación, tal y cómo había requerido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Consejería de Sanidad planteó que la asociación no estaría legitimada para hacer valer las supuestas irregularidades jurídicas que afectan a los hospitales, como centros de trabajo en los que desarrollan sus funciones los facultativos especialistas a los que AFEM representa.
