La situación de los hipotecados en España es, en muchos casos, límite. Así lo revela un informe elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio de Derechos Económicos, que pone de manifiesto que un 35,6% de los afectados fue avalado por familiares directos para la compra de su piso, lo que haría que, “de encontrarse en una situación de ejecución hipotecaria, en una tercera parte de los casos sería más de un hogar el que estaría en juego”.
Esta es solo alguna de las conclusiones que recoge el mencionado informe, que ha adelantado la PAH en su página web. El documento será presentado oficialmente en septiembre, y para elaborarlo estos dos colectivos se han basado en 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la Plataforma en los últimos dos años.
Se trata, según estos colectivos, de un informe interesante porque ofrecerá también una visión sobre el comportamiento de las entidades financieras, datos que ni el Gobierno ni los propios bancos han querido facilitar hasta ahora.
De acuerdo con el informe, un 83% de los hipotecados se quedaría en la calle si son desahuciados, ya que no disponen de otra vivienda, ni en propiedad ni de alquiler en la que alojarse. Además, casi el 61% de los afectados debe más del 80% del préstamo bancario.
Asimismo, “en el 70% de los casos el motivo de impago de la hipoteca es el paro. El resto está relacionado con el aumento de la cuota hipotecaria, la suma de otras deudas o la separación por divorcio”, afirma el texto adelantado por la PAH.
El informe recogerá también un perfil sobre los afectados por la hipoteca. En este sentido, los datos recabados revelan que el 82% son españoles y que un 59% de ellos tiene estudios secundarios o de formación profesional, mientras que un 24% son universitarios, lo que desmiente “la imagen que se ha querido dar en ocasiones de que este es un problema de ‘personas inmigrantes e ignorantes’”.
Es más, el problema es grave ya que un 19,2% de los afectados se encuentra en paro con una prestación, mientras que un 25,7% está en “una situación de máxima vulnerabilidad al no disponer de trabajo o no cobrar la prestación del paro. En conjunto predomina la situación de precariedad laboral, y sólo un 22,5% tienen trabajo con contrato indefinido”.
Según la estadística de la PAH, una de cada tres personas han destinado en alguna ocasión el total de sus ingresos al pago de la hipoteca, y para más del 40% hacer frente a las cuotas supone más del 60% de los ingresos. “Estos porcentajes están muy alejados de las recomendaciones de Naciones Unidas, que indican que el gasto de la vivienda nunca debería superar el 30% de los ingresos”.
Y todo esto es mucho más grave, dice el informe, porque eso implica que “el pago de la vivienda compromete el acceso a otras necesidades básicas”. En este sentido, el texto revela que “la mayor dificultad se concentra en el pago de la ropa (70%), los suministros del hogar (65%) y los alimentos (45%)”.
Respecto al comportamiento de las entidades financieras, BBVA y Bankia son los bancos que aglutinan mayor número de afectados con un 15,9% y un 15,2% respectivamente. Les siguen Santander (14,2%), Caixa Bank (13,8%) y Catalunya Caixa (9,8%). “Cabe destacar que Bankia y Catalunya Caixa son entidades rescatadas y nacionalizadas con dinero público”, y además, aunque “se ha querido presentar a BBVA y a Santander como entidades ejemplares, entre las personas afectadas de la PAH lideran las hipotecas con problemas de pago, así como las ejecuciones hipotecarias”.
El informe muestra también que el 84% de las personas encuestadas intentaron negociar con el banco para encontrar una solución, y el 93,1% considera negativo el resultado de ese intento. En general, un 92% se muestra insatisfecho con el trato recibido.
Y aunque estos son sólo alguno de los datos del informe, la PAH los considera “alarmantes” porque evidencian “la grave vulneración del derecho a la vivienda que se produce desde hace años en España, que está provocando la vulneración de otros derechos fundamentales como son la salud, la alimentación o los derechos de los niños”.
Por ello, la Plataforma y el Observatorio de Derechos Económicos elaborarán también “un análisis del marco normativo, con especial atención en las novedades legislativas de los últimos meses, así como de unas recomendaciones finales para reorientar las políticas públicas de cara a parar los desahucios y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada”, que se presentarán junto al informe definitivo en septiembre.
