El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, tiene el firme propósito de ‘meter’ un tijeretazo a la Ley de Dependencia. La perfecta excusa sería la lucha contra el fraude.
O, al menos eso se desprende de una carta la que ha tenido acceso EL BOLETIN enviada a la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha por el Gabinete de La Presidencia de la Junta.
En esta misiva se dice textualmente que “se está tramitando un cambio normativo que evitará la posibilidad de cobro por parte de herederos y que la persona fallecida tenga derecho a seguir cobrando hasta el día último del mes en que han muerto”.
O lo que es lo mismo, que las autoridades dejarán sin cobrar la ayuda correspondiente a un mes completo a los cuidadores del dependiente que haya fallecido. Sólo percibirán la cantidad proporcional a los días que permaneció vivo.
Como hemos dicho antes, la Junta justifica el recorte por la necesidad de luchar contra el fraude. En la carta se asegura que, según el IMSERSO, en la comunidad se estaban “constatando pagos indebidos del Estado como consecuencia del mantenimiento de personas fallecidas en el sistema estadístico de dependencia de Castilla-La Mancha”, para justificar los recortes en las ayudas.
Las declaraciones efectuadas ayer a este periódico por el portavoz de las plataformas en defensa de la Dependencia coinciden con lo que dice la carta. Además del criticar este próximo cambio en la ley, José Luis Gómez comentó que quien dirige la política nacional de dependencia por encima de la ministra de Sanidad, Ana Mato y que el recorte sería primero en Castilla-La Mancha y después se aplicaría en el resto del país.
A pesar de que la carta está firmada por la Jefa del Gabinete de Comunicación de La Presidencia de Castilla-La Mancha, María Gema Pérez Abad, desde la Junta se asegura no estar al tanto de ese proyecto de recorte tras los requerimientos de este diario al respecto.
