El empleo público envejece: ya hay más sexagenarios que menores de 30

La presencia de jóvenes en las administraciones se ha reducido un 77% durante la crisis frente al incremento de trabajadores de más de 60 años en el mismo periodo, según un informe. El envejecimiento de la población en los países occidentales es un fenómeno presente en todos los sectores de actividad, también en el sector público. En el caso de las administraciones públicas españolas, este envejecimiento avanza a un ritmo más rápido que la tendencia general y actualmente el porcentaje de empleados mayores de 60 años ya supera al de menores de 30, según un informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) junto con ESADE.
 
Este estudio pone de manifiesto que la crisis económica provocó una reducción de personal en las administraciones públicas que afectó más a los trabajadores jóvenes. De hecho, la presencia de empleados públicos menores de 30 años se ha visto reducida en un 76,58% a lo largo de la crisis económica, mientras que en el mismo periodo el porcentaje de empleados de más de 60 años ha aumentado en un 22,47%.
 
Este fenómeno, aunque más rápido en España, no es un caso aislado ya que la mayor parte de los países de la UE también han reducido el porcentaje de empleados públicos jóvenes, con la única excepción de Suecia, donde el número de empleados públicos menores de 25 años ha aumentado
mientras que los mayores de 50 años se han reducido.
 
Otro dato que destaca el informe, titulado ‘El empleo público en España: Desafíos para un Estado democrático más eficaz’, es que España es el segundo país del mundo con mayor temporalidad en el empleo público. El porcentaje de empleados públicos con vínculo temporal en España solo es superado por Polonia.
 
“Uno de los problemas de la temporalidad es su artificialidad, ya que, en muchos casos, los empleados públicos interinos o contratados temporales están llevando a cabo tareas propias de personal fijo”, señala el informe que recuerda que “las medidas de austeridad derivadas de la recesión han empeorado esta situación”.
 
La administración central es la que presenta una tasa más baja de temporalidad, ya que el porcentaje de personal indefinido alcanza el 96%, mientras que, en el conjunto de las administraciones, este porcentaje es del 78%. Por tanto, son las comunidades autónomas, las administraciones locales y, en especial, las universidades las que acumulan mayores porcentajes de personal interino y con contrato temporal, señala el informe.
 
El IEE y ESADE puntualizan aquí que las contrataciones de temporales y la incorporación de interinos pueden derivar en un proceso de consolidación indefinida del vínculo con la administración en la que solo se pueden presentar las personas afectadas, limitando así la publicidad y la competitividad de la plaza. “Esto provoca claros efectos negativos sobre el mérito como valor que regule el acceso al empleo público”, advierten.
 
Baja cualificación y politización
 
Por otro lado, el informe hace notar que el sector público español “presenta un bajo índice de cualificación relativa de sus puestos de trabajo, que se evidencia cuando se comparan las categorías profesionales con las de los países de nuestro entorno”.
 
Además, los autores del informe consideran que hay un desequilibrio salarial entre las categorías inferiores y las superiores: las retribuciones de los empleados públicos de las categorías inferiores están por encima de las del sector privado mientras que las de las categorías técnicas de alta cualificación y de los puestos de carácter directivo están por debajo. “Este desequilibrio de la estructura salarial se ha visto acentuado por la distribución de los recortes durante la crisis, que han penalizado más a las categorías profesionales superiores”, asegura el informe que añade que “el bajo uso de la evaluación del desempeño impide, en general, vincular una parte de los salarios al rendimiento”.
 
Entre los aspectos a mejorar, el IEE y ESADE apuntan a que la uniformidad y la rigidez “son dos patologías graves del sistema de gestión del empleo público español”. En este sentido, “el estatuto funcionarial, pensado para funciones que implican tareas de autoridad, no se adapta a la gestión de la mayor parte de las actividades de prestación de servicios que constituyen la parcela ampliamente mayoritaria del empleo público”. “Desarrollar regulaciones diferenciadas y adaptadas a cada sector y atribuir a las organizaciones públicas y a sus gestores mayor autonomía para gestionar sus recursos humanos son dos recomendaciones en las que los expertos coinciden ampliamente”, indican.
 
Por último, alertan de la politización de los puestos directivos en todas las escalas, estatal, autonómica y local. Así, señalan que uno de los déficit más notables del sector público español es que no dispone de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad e idoneidad de los cargos de alta dirección. “La consecuencia más generalizada es la politización de estos cargos y la colonización de la gerencia pública por los partidos”, advierten. Por ello, según recoge el informe, “urge la creación, en los diferentes niveles de la Administración, de un régimen diferenciado de directivos públicos que, como en otros países de nuestro entorno, aleje la provisión de estos cargos del ciclo electoral, garantice su profesionalidad, vincule su gestión a los resultados y establezca mecanismos adecuados de rendición de cuentas”.