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A Aguirre no le consta la caja b porque se ocupaba de la construcción de hospitales que también se investiga

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid
La expresidenta de la Comunidad de Madrid se lava las manos sobre la presunta caja b del PP de Madrid. “Había cuatro personas que se ocupaban de ello”
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no tiene constancia de “ningún tipo de financiación ilegal en el PP de Madrid” mientras estaba al frente del gobierno regional.Así lo ha afirmado preguntada por las pruebas halladas por el juez Eloy Velasco en la casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Y es que ella estaba centrada en la construcción de 12 hospitales, que también están siendo investigados por este magistrado de la Audiencia Nacional.
 
Según la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, la investigación está basada “en que el juez dice que hay unos indicios de presunta financiación ilegal en el PP de Madrid” y ha destacado que se trata de “una cosa de hace un año” ante la que dimitió como responsable del ejecutivo autonómico.
 
“Por no haberme ocupado de la financiación decidí presentar mi dimisión por la culpa 'in vigilando'”, ha recordado Aguirre, que ha reiterado que “no me consta que haya ninguna financiación irregular”. Tras esto ha admitido que “podía haberme ocupado”, aunque no lo hizo. “No lo hice porque había cuatro personas que se ocupaban de ello, el tesorero, el secretario general, el gerente y el contable”, ha afirmado la dirigente popular.
 
Y es que ella estaba con otras cosas. En concreto, la expresidenta de la Comunidad estaba centrada en la construcción de los “12 hospitales que hoy mismo se recogen en la prensa como los más humanizados de todos”.

Da la casualidad que hoy mismo se ha conocido que el juez Eloy Velasco investiga uno de los proyectos estrella de Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007. Y lo hace en una pieza separada del caso Púnica. Por este motivo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede de la Consejería de Sanidad para requerir documentación al respecto.
 
 
 
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