Se buscan 50.000 firmas para que la Asamblea legisle contra los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y evite la pobreza energética. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid -que agrupa a las comisiones de vivienda de las Asambleas 15M y a las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH)- impulsan desde esta semana una Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid.
Su objetivo: lograr las 50.000 firmas que son necesarias para llevar a buen puerto la iniciativa ciudadana e instar a la Asamblea de Madrid a aprobar una “ley urgente” que garantice el derecho constitucional a acceder a una vivienda y además frenar los desahucios, denunciando que, entre 2008 y 2015, se han contabilizado más de 79.000 desahucios en la Comunidad de Madrid.
Con esta misión, se ha creado la Asociación para la promoción de una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid y se ha abierto una web en la que los promotores de la iniciativa informan claramente de los motivos que están detrás de su decisión.
Y detrás de esta iniciativa ciudadana está el hecho, según los promotores, de que “en la Comunidad Autónoma de Madrid se ejecutan cada año 10.000 desahucios, 25.000 cortes de agua y más de 150.000 hogares no pueden afrontar la factura energética para mantener la temperatura de su hogar”, y explican que “ante esa alarmante realidad” pretenden que la Asamblea de Madrid “apruebe nuevas políticas sobre vivienda y suministros vitales básicos que hagan frente a esta emergencia social.
Recuerdan que “el artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid la competencia legal en materia de vivienda” y hacen notar que “si bien los poderes públicos gozan de un margen de discrecionalidad amplio en la concreción de las medidas tendentes a conseguir la efectividad plena de los derechos, la Administración no puede eximirse de hacer frente a las obligaciones del artículo 47 de nuestra Constitución, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, buscando la eficacia de los derechos humanos, pues el derecho fundamental a la vivienda digna va irremediablemente unido a los demás derechos, civiles y sociales”.
Emergencia habitacional
Denuncian la “emergencia habitacional” que se vive en la Comunidad de Madrid, derivada de “lanzamientos por impago de préstamos hipotecarios a menudo viciados por cláusulas abusivas, desahucios por impago de la renta de alquileres, extinción de contratos de alquiler en vivienda social, venta de viviendas públicas a fondos de inversión, desalojos penales por delito de usurpación, derribos de única vivienda sin solución habitacional alternativa, desahucios administrativos, desalojos en inmuebles adjudicados a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), etc”.
Y proclaman que “ante la inacción de los poderes públicos todos estos años y el daño social y económico causado a miles de ciudadanos” el camino es la movilización ciudadana “para hacer efectivo y justiciable el derecho integral a la vivienda”.
Objetivos de la ley
Los impulsores de la ILP precisan que la ley que quieren que promueva la Asamblea es una ley que “dote de eficacia, desarrollo y protección al Artículo 47 de la Constitución”, con un régimen de acceso general que te reconozca el derecho de uso a una vivienda pública de alquiler, con una renta proporcional a los ingresos que incluya el gasto de agua y de energía.
La normativa también debe contar según estas asociaciones con “un régimen claro de acceso de emergencia a personas en situación de desamparo. Con garantía de un techo digno frente a los desalojos forzosos”.
Además, se pretende movilizar la vivienda desocupada por dos vías: tanto bonificando el alquiler asequible con cláusulas sociales como “sancionando a grandes tenedores (principalmente entidades financieras y empresarios inmobiliarios) con multas e incluso la cesión forzosa por el uso antisocial que den a la vivienda vacía, o que no mantengan adecuadamente”. Con la “obligación de bancos e inmobiliarias de ofertar alquiler social en caso de desahucio a personas vulnerables”.
Asimismo, proponen “una agencia de protección al consumidor en materia de vivienda, con participación de la sociedad civil, que registre, persiga y sancione prácticas abusivas. Basta de engaños y estafas.” Y “garantizar que todas las personas que residen en la Comunidad de Madrid disfruten de suministros básicos necesarios para una vida digna”.
