La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó el 24 de diciembre una queja contra el discurso de Navidad de Felipe VI. Varapalo para las víctimas del franquismo. La oficina del Defensor del Pueblo ha respondido a la queja presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica el pasado 24 de diciembre contra algunas de las afirmaciones de Felipe VI en su discurso de Navidad. Y lo ha hecho, rechazando esta queja al no proceder “la intervención de esta institución sobre la cuestión planteada”.
En su tradicional discurso de Nochebuena el monarca, según esta asociación, aseguró que “son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”. Unas palabras que suponen un “argumento que repiten sectores de la derecha contra las demanda de las víctimas de la dictadura franquista”, señala este colectivo, que defiende que “una jefatura de Estado no electa debe ser especialmente meticulosa en su deber de representar a toda la ciudadanía y en especial a aquellos que demandan en cumplimiento de derechos humanos”.
Por ello acudió al Defensor del Pueblo, al que solicitó que “en sus recomendaciones se dirigiera a la jefatura del Estado para reclamarle el respeto que merecen las familias de los 114.226 desaparecidos de la dictadura franquista y quejándose, además, de la discriminación” que estas víctimas sufren respecto a las del terrorismo. A estas últimas el Jefe del Estado “se ha dirigido siempre con el máximo respeto y a las que jamás les diría que no agiten viejos rencores ni heridas cerradas”, destaca esta asociación en un comunicado en el que anuncia la negativa del órgano que encabeza Soledad Becerril.
La defensora explica su negativa en una carta en la que expone los siguientes motivos:
1. Función del Defensor del Pueblo. A tenor de lo dispuesto en los artículos 54 de la Constitución y 1 de su Ley Orgánica Reguladora (L.O. 3/1981), el Defensor del Pueblo defiende los derechos constitucionales mediante la supervisión de la actuación de la Administración, de la que no forma parte el Jefe del Estado, cuyos discursos no son objeto de supervisión por esta institución.
2. Órgano de representación popular. Como es propio de los regímenes parlamentarios, la Constitución proclama que las Cortes Generales representan al pueblo español (artículo 66), mientras que configura al Rey como representante del Estado: “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” (artículo 56), sin que la Corona ostente carácter de órgano de representación popular, dado que su magistratura no es electiva.
Por todo ello, “resulta preciso manifestarle que no procede la intervención de esta institución sobre la cuestión planteada”, se recoge en la misiva de Becerril a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Según la nota enviada por este colectivo a los medios junto a la mencionada carta, la asociación “no planteaba la supervisión de los discursos de Felipe de Borbón si no el cumplimiento de su juramento en el día de su coronación, en el que se comprometió a jurar y hacer guardar la constitución y por eso se le reclamaba la igualdad de trato con respecto a otras víctimas de delitos violentos como las del terrorismo”.
En unos días las víctimas del franquismo harán llegar al monarca los informes del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas y del Relator Espacial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, ambos organismos de la ONU, “que han sido contundentes con respecto a las obligaciones del Estado español hacia los derechos de las víctimas de la dictadura franquista”.
