Año XXV - Madrid, Viernes 09 de Diciembre de 2016

El PP insiste en dejar sin tarjeta sanitaria a los emigrados españoles

Unidos Podemos, PSOE y sindicatos piden al gobierno que derogue “de una vez” el decreto de Ana Mato.

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Ana Mato, exministra de Sanidad
Ana Mato, exministra de Sanidad
/ • 08:46

El pasado jueves 24, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley presentada por Unidos Podemos, en la que se pide al Gobierno que derogue el Real Decreto que Ana Mato realizó en el 2012, cuando la entonces ministra de Sanidad decidió que los españoles que permaneciesen más de 90 días fuera de España se quedasen sin acceso a la asistencia sanitaria.
 
Un decreto que en su día causó mucha polvareda y que, a pesar del tiempo pasado, sigue causando estragos entre la población española residente en el extranjero. Como recuerda el sindicato de Comisiones Obreras a través de un comunicado, esta medida “viene provocando que muchos de estos trabajadores y trabajadoras eviten – o retrasen – darse de alta en los diversos Consulados para sortear la pérdida de cobertura de la Seguridad Social española en caso de caer enfermos. Debe tenerse en cuenta que una situación de desempleo superior a 90 días puede dejar al trabajador o trabajadora sin cobertura sanitaria tanto en el país de acogida como en España”.
 
Esta medida, que fue aprobada durante las reformas legales de 2012, con Ana Mato como ministra de Sanidad, parece que cuenta con el apoyo unánime del Partido Popular, pues ni Alfonso Alonso cuando fue ministro de Sanidad, ni Dolor Montserrat ahora parecen dispuestos a derogarla.
 
De hecho, loscolectivos Marea Granate y Yo Sí Sanidad Universal ya se unieron en su momento para lanzar la campaña 'Nos echan de la salud', con la que pretendían presionar a Alfonso Alonso para que derogase el Real Decreto 16/2012. No surtió efecto, y en esta ocasión es Podemos con el apoyo del PSOE quien lo intenta a través de la Proposición No de Ley aprobada en la Comisión de Sanidad. El único voto contrario: El del Partido Popular.
 
La diputada de la formación morada, Ángela Rodríguez, denuncia que esta situación afecta “a las personas que peor están, entre ellos, al colectivo de emigrantes jóvenes que, con la crisis, se ha tenido que marchar del país en busca de trabajo y que, en la mayoría de los casos obtiene una ocupación temporal”.
 
La diputada del PSOE, por su parte, Guadalupe Martín, se ha apoyado sobre la experiencia real de un español residente en el extranjero que desea obtener asistencia sanitaria noventa días después de ‘abandonar’ España. Las dificultades son morrocotudas, y Marín critica que el Gobierno “buscó una solución para los ciudadanos que superaran esos años fuera de su país y creó un certificado provisional sustitutorio que no es reconocido en mucho países europeos. Por lo que su usuario está sin cobertura sanitaria”.
 
La petición aprobada en la Comisión gracias al ‘sí’ de Unidos Podemos y PSOE pide al Gobierno que “derogue y deje sin efecto cualesquiera normas jurídicas que limiten o cercenen el derecho de los y las ciudadanas de nacionalidad española al acceso a la asistencia sanitaria del Sistema de Seguridad Social, con independencia de su residencia o no en territorio español y del mayor o menor tiempo que residan en otro país”.
 
Además, las formaciones piden en un segundo punto que se garantice “el derecho a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía española con carácter universal en tanto residan en territorio, sin perjuicio del cual fuere su nacionalidad”.
 
Por su parte, CCOO se une a las peticiones de la Proposición No de Ley y exige al Gobierno que emprenda un giro en las políticas destinadas a la emigración “que hacen a día de hoy de los residentes españoles en el extranjero ciudadanos de segunda”. De este modo, el sindicato denuncia que en 2016 las partidas de los Presupuestos Generalas del Estado destinadas a la protección social de los emigrantes se han reducido el 1’4%, mientras que las colonias de españoles en el exterior han aumentado. Asimismo, “el PP y el Gobierno mantienen obstinadamente el voto rogado, lo que ha hecho imposible que muchas personas hagan efectivo su derecho al sufragio, como demuestra la drástica caída de la participación electoral en el exterior en los últimos comicios”.

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